Por Antares Cervantes
En la capital hidalguense, el deterioro de las calles se ha convertido en una de esas realidades que ningún discurso institucional consigue disimular. Basta recorrer colonias y avenidas para encontrar pavimento destruido, hoyos que obligan a frenar de golpe y conductores que deben elegir entre dañar su vehículo o arriesgar una maniobra para esquivarlos. El problema dejó de ser una molestia cotidiana, también representa gastos, riesgos y tiempo perdido para miles de familias.
Las cifras oficiales hacen más evidente la exigencia ciudadana. En septiembre de 2026, durante su segundo informe, el alcalde Jorge Reyes Hernández reportó 55 millones de pesos invertidos en bacheo, más de 25 mil baches atendidos y 607 calles intervenidas. También informó que la obra pública acumulada durante los primeros dos años alcanzó los 352 millones de pesos.
Son cifras importantes. Precisamente por eso merecen una evaluación rigurosa, no solamente aplausos.
Si se han destinado decenas de millones de pesos a reparar vialidades, la ciudadanía tiene derecho a percibir una mejoría proporcional a ese esfuerzo presupuestal. No basta con contabilizar baches tapados: importa conocer cuántos trabajos resistieron las lluvias, cuáles calles quedaron realmente rehabilitadas, cuánto costó cada intervención y qué empresas ejecutaron los contratos.
El Ayuntamiento dispone de mecanismos de transparencia para consultar contratos, procedimientos de adjudicación y avances presupuestales. La información debe convertirse en una herramienta para comparar lo anunciado con lo ejecutado y permitir que cualquier habitante compruebe los resultados.
El propio alcalde ha reconocido que el bacheo, la pavimentación y la seguridad siguen entre los principales retos de su administración. Esa admisión confirma que el problema permanece abierto, aun después de las inversiones reportadas.
También es necesario distinguir entre tapar un hoyo y rehabilitar una calle. Cuando el pavimento está vencido, el drenaje falla o la superficie presenta daños estructurales, una reparación superficial puede convertirse en un gasto recurrente. La solución exige diagnósticos técnicos, materiales adecuados, supervisión y garantías de durabilidad.
La molestia social no nace de la falta de anuncios, sino de la distancia entre las cifras y la experiencia diaria. Quien paga impuestos no debería tener que aprenderse una ruta alterna para evitar los baches de su propia colonia.
Pachuca necesita resultados visibles, pero también verificables. Una relación pública de las calles intervenidas, montos por contrato, fechas de ejecución y garantías permitiría evaluar el trabajo con datos, no con propaganda.
Los millones anunciados merecen respeto cuando se traducen en infraestructura útil. Mientras las calles sigan deterioradas, la exigencia ciudadana seguirá vigente.
La calidad de una administración no se mide por cuántos baches asegura haber tapado, sino por cuántos dejan de formar parte de la vida cotidiana de sus habitantes.
