Antares Cervantes
La tragedia obligó a reaccionar. Después de que los festejos por las victorias de la Selección Mexicana en el Mundial dejaran un saldo de al menos cinco personas fallecidas, cuatro en la Ciudad de México por una estampida y asfixia durante la concentración en Paseo de la Reforma, y el conductor que atropelló a aficionados en Cabo San Lucas tras ser agredido por una multitud, además de 17 personas lesionadas en Baja California Sur.
En otros estados, aunque no hay cifras oficiales, las redes sociales han exhibido más casos. Las autoridades anunciaron un endurecimiento de las medidas de seguridad.
El Gobierno de la Ciudad de México informó que reforzará los operativos con más pantallas gigantes para dispersar a la afición, ampliación de los perímetros de seguridad, mayor coordinación entre Protección Civil, servicios médicos y policía, restricciones a la venta de alcohol en zonas de concentración y protocolos para evitar cuellos de botella. También se anunció una investigación para determinar si hubo fallas en la organización y qué responsabilidades existen.
Las medidas son razonables, pero inevitablemente surge la pregunta: ¿por qué después? La asistencia de alrededor de un millón de personas en Reforma era previsible conforme México avanzaba en el torneo. Aun con más de 15 mil policías desplegados, el operativo fue insuficiente para evitar la tragedia.
Hasta ahora, no existe una cifra oficial consolidada sobre el costo económico nacional de los daños materiales, limpieza, mobiliario urbano destruido, atención médica y operativos extraordinarios. Las autoridades tampoco han publicado un balance definitivo de destrozos en todo el país, por lo que cualquier monto sería especulativo. Lo que sí está documentado son riñas, actos vandálicos, afectaciones al mobiliario público y múltiples movilizaciones de cuerpos de emergencia en diversas ciudades.
Aunque no se puede señalar de toda la responsabilidad al gobierno, la autoridad debe planear, prevenir y garantizar condiciones de seguridad; la ciudadanía, por su parte, tiene la obligación de celebrar sin convertir el espacio público en un escenario de violencia, exceso de alcohol o pirotecnia.
El viejo dicho cobra vigencia, “después de ahogado el niño, quieren tapar el pozo”. La verdadera prueba no será el anuncio de nuevos protocolos, sino demostrar que son capaces de prevenir otra tragedia. Porque celebrar un triunfo deportivo nunca debería costar vidas humanas y repartir responsabilidades tampoco es una solución.
