Antares Cervantes
El discurso oficial en México presume avances. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que los homicidios dolosos han caído alrededor de 41% desde el inicio de su administración, pasando de casi 87 asesinatos diarios a poco más de 50 en 2026. Es un dato relevante. Pero insuficiente.
Porque incluso con esa reducción, México sigue registrando más de 50 homicidios diarios. Es decir, más de 18 mil asesinatos al año si la tendencia se mantiene. Y aún más contundente, más de seis de cada diez mexicanos se sienten inseguros en su ciudad, según el INEGI.
La contradicción es evidente, bajan los números, pero no baja el miedo. Y ahí es donde la comparación internacional se vuelve incómoda.
En El Salvador, bajo el gobierno de Nayib Bukele, la tasa de homicidios cayó a niveles históricos: alrededor de 1.9 por cada 100 mil habitantes en 2024, una de las más bajas del continente.
El contraste es brutal. México sigue muy por encima de los estándares internacionales, mientras El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a uno de los más seguros en términos estadísticos.
¿Cómo lo hizo Bukele? Con una estrategia de choque, más de 91 mil detenidos, régimen de excepción, control territorial y persecución directa de estructuras criminales.
Pero el costo también existe, denuncias por violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias y más de 500 muertes bajo custodia estatal.
Ese es el punto clave que suele omitirse en el debate, no hay soluciones simples. Hay resultados, pero también consecuencias.
México, en cambio, ha optado por una estrategia híbrida que mezcla programas sociales, inteligencia y operativos focalizados. El problema es que esa ruta, aunque ha logrado reducciones estadísticas, no ha conseguido romper la estructura del crimen organizado ni su control territorial.
Los datos lo sugieren con claridad, la delincuencia organizada siguen teniendo una capacidad de reclutamiento masiva, hasta cientos de personas por semana y un impacto económico multimillonario.
Y mientras tanto, la política mexicana arrastra otro problema, la calidad de sus perfiles.
El señalamiento de Bukele sobre legisladores sin preparación técnica no es del todo ajeno a la realidad nacional. México ha normalizado candidaturas construidas desde la popularidad, no desde la capacidad, exfutbolistas, actores, entre otros, las estadísticas muestran que su trabajo legislativo es nulo.
El resultado es un Estado que ocasionalmente reacciona, pero no transforma.
El caso reciente de Teotihuacán lo confirma, no importa cuántas gráficas bajen, si la violencia sigue irrumpiendo en espacios simbólicos, la percepción colectiva no cambiará. Porque la seguridad no se presume, se siente.
