Por Carlos Camacho
En los Estados Unidos de Norteamérica radican entre 14 y 15 millones de mexicanos, de los cuales un 40 por ciento (alrededor de seis millones), son indocumentados, y contra ellos el gobierno de ese país ha lanzado una nueva amenaza que pretende cerrarles sus cuentas bancarias, porque el presidente Donald Trump considera que los indocumentados roban “miles de millones de dólares cada año a los contribuyentes estadounidenses”.
De cumplirse esta amenaza, miles de familias en nuestro país se verían afectadas. El mismo gobierno mexicano también sufriría las consecuencias, pues las remesas representan uno de los principales motores de la economía nacional.
Sin exagerar, hay municipios, sobre todo de las entidades con población mayoritariamente pobre, que no sobrevivirían sin los recursos que mensualmente envían los migrantes a sus familias para su subsistencia.
Los datos más recientes indican que los mexicanos radicados en los Estados Unidos envían remesas anuales por 61 mil millones de dólares, que impactan principalmente a entidades como Chiapas, Guerrero y Michoacán. Hidalgo no está ajeno de este fenómeno, pues en la Unión Americana radican alrededor de 450 mil hidalguenses, que de algún modo le dan vida a las comunidades de donde salieron y donde radican sus familias.
De hecho, ya hay una orden ejecutiva, con fecha 19 de mayo, para Restablecer la Integridad del Sistema Financiero Estadounidense, que exige que los reguladores bancarios y los departamentos del gobierno busquen indicios de personas sin estatus legal que abran cuentas u obtengan préstamos o tarjetas de crédito.
Trump considera “profundamente peligroso”, que un indocumentado puede “simplemente presentar un carnet de conducir de un estado azul (gobernado por los demócratas) o un documento fronterizo emitido durante la administración de Joe Biden”. y tener acceso sin restricciones al sistema financiero de los Estados Unidos.
Considera, que las operaciones financieras hechas por los indocumentados facilitan el tráfico de personas, de drogas, la inmigración ilegal y los cárteles criminales que orquestan estas actividades. Además, cerrar cuentas, embargar y confiscar fondos para que puedan ser devueltos a los contribuyentes norteamericanos.
Además de la agresiva política de deportaciones masivas, que tenía como meta inicial un millón por año. Del total de indocumentados radicados en los Estados Unidos, el 80 por ciento tienen más de cinco años radicando en ese país y el 59 por ciento tienen 15 años o más de edad.
