Por LA COMUNICÓLOGA
Quién no recuerda al gremio de taxistas como moneda de cambio electoral. Por muchos años el gremio del transporte público ha sido parte decisiva en el triunfo del candidato en turno. Anteriormente podíamos ver en todos los taxis la publicidad de los candidatos a gobernador, diputados, presidentes municipales, que eran colocados de manera “gratuita”.
Además, los taxistas obedecían la instrucción de votar por tal o cual candidato, y lógicamente invitar a su familia a votar ellos.
El favor se cobraba después. Un estudio académico sobre las concesiones de transporte en Hidalgo entre 2004 y 2019, encontró que los mayores volúmenes de otorgamiento ocurrieron en marzo de 2005, marzo de 2011 y agosto de 2016, meses cercanos al inicio de nuevas administraciones estatales.
El análisis registró 3 mil 657 concesiones durante el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong y mil 912 durante el de Francisco Olvera Ruiz.
Los investigadores no concluyen que cada concesión haya sido un pago político. Lo que documentan es la coincidencia que dichas concesiones se incrementan al inicio o término de una gubernatura.
En un mapeo de notas periodísticas, se encontró que Pedro Solares, exdirigente de la Federación de Unión de Trabajadores del Volante (FUTV), cuenta con concesiones, al igual que David Rufo Navarrete y Joaquín Gutiérrez.
Nombres como Erika Saab, José Juan Viggiano, Pedro Porras, Ismael Gadoth Tapia, Celestino Ábrego, Fortunato González, Ricardo Amador Zamudio, Servicios Generales Tercer Milenio; Monzalvo Destunis y familiares de Selene Peña Ávila, aparecen con diversas concesiones del transporte público.
Entonces un taxista debe de sacar “la cuenta”, que se divide en la gasolina de la unidad, la cuota al concesionario del taxi; y su sueldo. Esto no permite que se invierta ni mecánica ni estéticamente en las unidades; se traduce en taxistas enojados y estresados por completar su cuenta diaria (dinero).
Y limitan al usuario a usarlo sí o sí, prohibiendo la entrada a servicios como UBER, tal vez y solo tal vez, porque se ven amenazadas las ganancias de los funcionarios públicos, familiares y exfuncionarios que participan en el negocio del transporte.
