16 de abril de 2026. Dos meses después de iniciado el derrame de combustible en el Golfo de México, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se inició una investigación exhaustiva para esclarecer su origen, al tiempo que fueron separados de sus funciones a 3 servidores públicos cuyos cargos son:
Subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; Coordinador de Control Marino, y por último, el Líder de Derrames y Residuos, toda vez que pudieran estar vinculados con los hechos.
La presidenta señaló que su gobierno tiene un compromiso firme con la transparencia, la rendición de cuentas y la protección ambiental.
Con relación al origen del hidrocarburo, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, señaló que el grupo científico interinstitucional, con apoyo de especialistas de centros de investigación y universidades, analizó más de 70 imágenes satelitales, información de sobrevuelos y modelos de deriva.
Los resultados apuntan a evidencia de un derrame ocurrido en febrero en la zona Abkatun-Cantarell, cuyo material fue posteriormente dispersado e intemperizado por la dinámica marina.
El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, dijo que, desde el primer momento, se activó una respuesta coordinada, técnica y con base científica para atender esta contingencia, mediante la integración de cuatro grupos de trabajo: Operativo, Científico, Ambiental y de Atención Social.
Estas instancias han permitido contener la propagación del hidrocarburo, mantener playas limpias, garantizar el apoyo a la población civil y definir acciones ambientales con sustento técnico, añadió.
Por su parte, Petróleos Mexicanos informó que solicitó al área operativa que se proporcionaran las imágenes satelitales del movimiento de los barcos, detectándose irregularidades que no fueron reportadas.
Con base en el análisis de las bitácoras y al cruce de información que revelaron hallazgos, el director general Víctor Rodríguez Padilla denunció ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Entre las irregularidades detectadas destacan: 1.- Una pérdida de integridad mecánica y la reparación de un oleoducto cuyas actividades no fueron reportados al Director General ni a los altos mandos de la Empresa Pública del Estado.
2.- Una fuga de hidrocarburos en instalaciones de Pemex, que había sido negada sistemáticamente por las áreas operativas, especialmente en marzo cuando comenzaron a llegar arribazones de petróleo a las costas del Golfo de México.
3.-La coincidencia entre el sitio donde se detectó la pérdida de integridad del oleoducto y el sitio ubicado por los científicos como origen de la estela de aceite observada en las imágenes satelitales.
4.- El ocultamiento de agua oleosa recuperada en las barreras de contención, de al menos 350 m3.
5.- La contradicción entre un simple “lagrimeo” y el gran despliegue de 11 barcos en total que se utilizaron para contener, recuperar y dispersar los hidrocarburos que escaparon del oleoducto.
6.- La decisión de no cortar el flujo en su totalidad para limitar la duración y la magnitud del derrame. El cierre de la válvula principal se realizó el 14 de febrero, 8 días después de que se detectó la fuga.
7.- La solicitud de la Subdirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), de simular numéricamente la dispersión de los hidrocarburos derramados y su llegada a las playas del Golfo de México. Solicitud emitida el 6 de febrero.
Por ello, con base en estos hechos y mientras se realizan las investigaciones correspondientes, fueron separados del cargo: el subdirector de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental; el coordinador de control marino, derrames y residuos; y el líder de derrames y residuos de Pemex.
De manera paralela, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y Petróleos Mexicanos han realizado inspecciones correspondientes y presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República para el deslinde de responsabilidades derivadas de este evento.
