La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, deberá aportarle a la Fiscalía General de la República (FGR) de México, todas las pruebas, argumentos, informes y documentos que sean necesarios, por las vías que garanticen la confidencialidad de la información, para estar en aptitud de analizarlas y con ello fijar un posicionamiento sobre su solicitud de detener en forma provisional con fines de extradición internacional a diez ciudadanos mexicanos encabezados por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Insunza, imputados por delito de narcotráfico.
Lo anterior se da en el contexto de que el gobernador Rocha Moya anunció que solicitó licencia al cargo mientras se desarrolla el proceso de investigación. Así lo anunció esta noche, en conferencia de prensa, en Sinaloa, aseverando que las acusaciones en su contra son absolutamente falsas.
La Fiscalía General de la República (FGR), confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores le turnó la referida solicitud de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, dependiente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
“Es importante aclarar a la opinión pública nacional, que no se trata de un procedimiento de extradición formal como tal, sino que estamos en presencia de una solicitud de otorgamiento de una medida cautelar con fines de extradición”, se lee en un comunicado que leyó Raúl Jiménez Vázquez, Fiscal Especializado de Control Competencial de la FGR.
“Nuestra obligación es la procuración de justicia con base en las atribuciones y facultades que nos otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, nuestra Ley de Extradición Internacional y, naturalmente, los tratados internacionales, bilaterales y multilaterales aplicables a la materia”, añadió.
Así mismo concluyó que, “nuestro compromiso es sin lugar a dudas, el cumplimiento a cabalidad de esa normatividad y la protección de las mexicanas y los mexicanos sin distinción de ningún tipo.
Jiménez Vázquez puntualizó:
“Uno, la solicitud en cuestión está referida exclusivamente al posible otorgamiento de una medida cautelar consistente en la detención provisional de las personas reclamadas.
Dos, dicha medida cautelar, importante destacar, se rige por lo dispuesto en el artículo 11 del Tratado de Extradición Bilateral México-Estados Unidos y asimismo se marca en lo previsto en el artículo 17 de nuestra Ley de Extradición Internacional.
Tres, Igualmente es oportuno resaltar que la detención provisional en materia del pedimento constituye una restricción a los derechos humanos. Por ello mismo, sólo puede ser otorgada si existen motivos, fundamentos y pruebas sólidas encuadrables en la normatividad nacional e internacional antes mencionada.
Cuatro, la esencia de esa medida cautelar es evitar la sustracción de la acción de la justicia por parte de las personas reclamadas. Y en razón de ello lógica y jurídicamente, se tiene que acreditar, más allá de toda duda razonable, la urgencia de la autorización de la detención provisional.
Cinco, el pedimento final de esta detención provisional fue examinado por el área de asuntos internacionales con estricto apego a la normatividad derivada del tratado bilateral de extradición con Estados Unidos e igualmente con estricto apego al derecho aplicable a la materia vigente en nuestro país.
Derivado de ello, el Fiscal Especializado de Control Competencial de la FGR, declaró:
En el pedimento que nos ocupa no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional.
Igualmente advertimos en una primera instancia que no existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar. La difusión pública de la información base de este pedimento pone en riesgo el debido proceso.
Por las razones anteriores,
Reiteramos que por nuestra parte se llevan a cabo las investigaciones correspondientes sobre los posibles hechos referidos, ocurridos en territorio nacional, en términos de nuestra legislación y de acuerdo con al paradigma del Estado constitucional y democrático de derecho.
Para concluir, sostenemos categóricamente que el pueblo de México debe saber que nuestro compromiso es con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía nacional.
