• Por segundo año consecutivo, el Paquete Económico 2027 dejó fuera la actualización del IEPS a bebidas alcohólicas, cuyas tasas están congeladas desde 2014
• El consumo de alcohol le cuesta a México más de 552 mil millones de pesos al año; actualizar el IEPS podría recaudar alrededor de 28.4 mil millones adicionales y reducir el consumo
• Actualizar un impuesto que ya existe no es crear uno nuevo: las y los diputados aún tienen tiempo para incluirlo en la Ley de Ingresos 2027
Ciudad de México, 14 de septiembre de 2026. — Frente al Congreso de la Unión, integrantes de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA), desplegaron dos grandes inflables, una caguama y un pan de caja, para evidenciar que hoy en México es más barato comprar una cerveza de un litro o una “pachita” de destilado que un pan de caja.
La protesta ocurre días después de que el Ejecutivo presentara, el pasado 8 de septiembre, un Paquete Económico 2027 sin ninguna medida de impuestos saludables.
Mientras el Gobierno anunció un incremento histórico en el presupuesto de salud, dejó intacto el impuesto a un producto que genera costos por más de 552 mil millones de pesos al año, muy por encima de lo que se recauda por su venta.
El compromiso de no crear nuevos impuestos no es un obstáculo: el IEPS a bebidas alcohólicas ya existe —26.5%, 30% y 53% según su graduación— y sus tasas no se han modificado desde 2014.
Además, gravan el precio del producto y no la cantidad de alcohol que contiene. Actualizar su esquema y aumentarlo no es crear un impuesto nuevo, es corregir un rezago que ha hecho del alcohol un producto cada vez más barato.
Mientras en 2026 se actualizaron los impuestos a bebidas azucaradas y tabaco, el alcohol volvió a quedar fuera. El propio presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano, reconoció a inicios de septiembre que el tema de las bebidas alcohólicas estaba pendiente y sería discutido.
Las organizaciones le tomaron la palabra. Hoy, un pan de caja chico cuesta, en promedio, $48.00, mientras que una «caguama» cuesta $35.00 y una «pachita» de destilado, $29.00 (fuente: cálculo realizado con base en los precios de tiendas de conveniencia).
Las bebidas alcohólicas en México están entre las más baratas de América Latina1 y su precio no ha aumentado en términos reales en la última década.
Luis Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA), señaló: “México no puede seguir tratando al alcohol como si fuera un producto cualquiera. No es posible que un pan de caja, un bien que puede consumir toda una familia, resulte más caro que adquirir una caguama o una ‘pachita’. Es más caro alimentar a los hijos que comprar un producto que genera enfermedades, muertes y costos que terminan pagando las familias y el Estado. Por esto, exigimos a las y los diputados que en la discusión del Paquete Económico 2027 se refleje esa realidad”.
Un estudio reciente con representatividad nacional reveló que dos de cada tres mexicanos apoyan aumentar los impuestos a las bebidas alcohólicas.
Adrián Martínez Florean, director de Fundación Renacimiento y miembro del Comité Técnico Interinstitucional sobre Alcohol afirmó: “En México, el alcohol es barato y fácil de conseguir. Quienes prestamos servicios de tratamiento enfrentamos las consecuencias y las familias terminan pagando, con su patrimonio y bienestar, los costos de un producto que hoy resulta extremadamente asequible.
Por ello, es urgente impulsar una reforma al IEPS que grave las bebidas de acuerdo con la cantidad de alcohol puro que contienen, y que los recursos obtenidos se destinen a programas de tratamiento y prevención”.
La evidencia científica respalda esta medida. Un meta análisis de 112 estudios encontró una relación consistente entre mayores precios o impuestos y menor consumo de alcohol. Y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), consideran los impuestos entre las intervenciones más costo-efectivas para reducir el consumo y sus daños.
En tanto que Yahaira Ochoa Ortiz, de la Red de Mujeres por la Salud (REMUSA), señaló: “El consumo agrava la violencia de género. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016), el 20% de las mujeres casadas o unidas que sufrieron violencia de pareja reportaron que esta situación comenzó o empeoró cuando el agresor empezó a consumir alcohol con mayor regularidad.
“Hacemos un llamado urgente a implementar una política nacional y fiscal para el control del alcohol que incorpore la perspectiva de género y contemple regulaciones estrictas”, señaló.
Alfonso Godínez, vocero de la Fundación para el Fortalecimiento de la Salud en México (FUNSAMEX) declaró: “En el marco de la discusión del Paquete Económico 2027, FUNSAMEX hace un llamado respetuoso a las autoridades y al Poder Legislativo, para considerar la evidencia disponible en torno a los impuestos al alcohol como una herramienta adicional de prevención. No planteamos esto como una medida aislada ni una solución única. Proponemos abrir un diálogo serio, técnico y responsable sobre aquellas políticas que puedan contribuir a reducir factores de riesgo, fortalecer la prevención y favorecer la sostenibilidad del sistema de salud”.
Las organizaciones de RASA exigieron a las diputadas y los diputados, en particular a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, incluir en la Ley de Ingresos 2027 una cuota específica por litro de alcohol puro, diferenciada por tipo de bebida, suficientemente alta para reducir el consumo, con actualización anual conforme a la inflación y con recursos etiquetados para prevención y tratamiento.
“Cada año que se posterga esta reforma, el alcohol se vuelve más barato y sus costos más caros para las familias”, advirtieron.
