Los ayuntamientos mantienen la obligación de transparentar contratos y rendir cuentas

Los ayuntamientos mantienen
  • La ley recién aprobada en el Congreso de Hidalgo que autoriza a alcaldes firmar contrataciones sin previa autorización de regidores, asegura el titular de la Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales, “evita solicitar una autorización adicional del cabildo después de concluir el procedimiento legal de licitación. Y busca prevenir retrasos en obras, compras y ejercicio del presupuesto municipal”

La norma aprobada en la Cámara de Diputados, para que los presidentes municipales no dependan de la autorización de los regidores para autorizar determinadas contrataciones, según el titular de la Contraloría del gobierno estatal, Álvaro Barfdales Ramírez, “busca eliminar autorizaciones duplicadas de los cabildos una vez concluidos los procedimientos legales de licitación, con el propósito de evitar retrasos en obras públicas, adquisiciones y ejercicio presupuestal, sin debilitar la transparencia ni la rendición de cuentas”.

También explicó en la conferencia de prensa semanal de funcionarios estatales, que la disposición responde a situaciones en las que desacuerdos entre integrantes de las asambleas municipales y las administraciones locales, frenaban procesos de contratación, incluso después de cumplir con los requisitos establecidos por la ley.

Señaló que los procedimientos ya están regulados por las leyes de Obra Pública y de Adquisiciones, además de contar con comités especializados, padrones de proveedores y contratistas, mecanismos de transparencia y la vigilancia de los órganos fiscalizadores.

“Eso vas a ver que va a permitir la fluidez de las compras y no llegar al fin del año y que ya no ejercimos el recurso, ya no ejercimos el gasto o le tuvimos que brincar a las autorizaciones” comentó coloquialmente.

JORGE REYES, PRESIDENTE DE LA ASOCAICIÓN DE ALCALDES DE HIDALGO.

En ese sentido, el alcalde de Pachuca y también presidente de la Asociación de Alcaldes del Estado de Hidalgo, , Jorge Reyes Hernández, respaldó la medida al señalar que, en algunos ayuntamientos, obras previamente aprobadas se detenían porque, después de realizar una licitación y determinar al ganador, se solicitaba una nueva autorización del cabildo para formalizar el contrato.

Explicó que esta duplicidad burocrática prolongaba los trámites y podía abrir espacios para presiones indebidas, en perjuicio de proyectos destinados a beneficiar a la población.

“Si son acciones positivas, ¿por qué no hacerlo? Yo creo que es un punto de vista muy bueno que sí va a agilizar muchas cuestiones sin que se le pierda la facultad al cabildo de seguir viendo por el recurso del municipio”, declaró.

Se afirmó que la reforma no elimina la participación de los regidores en la planeación y supervisión del presupuesto municipal, pues las obras y acciones se someten a los procedimientos correspondientes, incluidos los comités de obra y adquisiciones.

MÓNICA HERNÁNDEZ: COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

Asimismo, permanece la obligación de transparentar el uso de los recursos y rendir cuentas sobre las decisiones de cada administración.

Y precisamente para hablar de la vigilancia del presupuesto, Mónica Lizeth Hernández Martínez, presidenta del Comité de Contraloría Social de Mineral del Monte, aseguró que los integrantes de los comités dan certeza y confianza a la ciudadanía: “lo hacemos porque nos interesa nuestra comunidad, porque queremos que las obras duren y porque sabemos que los recursos públicos son de todas y de todos”.

FRANCISCO MARTÍNEZ, ALCALDE DE TEPEHUACÁN.

En ese sentido, Francisco Martínez Enríquez, presidente municipal de Tepehuacán de Guerrero, resaltó la importancia de la transparencia en el manejo de los recursos, tras la designación de un presupuesto histórico de casi mil millones de pesos para esa región, luego del paso de la vaguada monzónica, donde dijo, entregar cuentas claras a la gente, es lo más importante.

Con esta disposición, se busca que los municipios ejerzan sus presupuestos con mayor oportunidad, eviten que los trámites retrasen las contrataciones y fortalezcan los controles legales para garantizar que el gasto público se aplique con transparencia y en beneficio de las familias hidalguenses.

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