* Al imputarles los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones y daños materiales, el Ministerio Público pidió los vincularan a proceso en un Cereso, mientras tanto sus vecinos tomaron carreteras del Valle del Mezquital, que liberaron hasta conocer la resolución de la audiencia inicial
Se acogieron a la duplicidad del plazo constitucional de 144 horas para que se determine su situación jurídica, las siete personas detenidas durante el operativo policial para liberar al alcalde de San Salvador, Norberto Martínez Cruz, y a otros funcionarios de la presidencia municipal, y la decisión del juez la esperarán en su domicilio.
Los inculpados en los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones y daños materiales, Carmela, Arely, Silvia, Rubén, Justino, Isaías y Rubén, originarios de la comunidad de La Flor, permanecerán bajo resguardo domiciliario y no ingresarán al Centro de Reinserción Social (Cereso), mientras se define su situación jurídica.
Durante la audiencia inicial celebrada en los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución Primer Circuito Judicial de Pachuca, el Ministerio Público formuló imputación en su contra, presentó datos de prueba y solicitó su vinculación a proceso.
Mientras tanto, habitantes de la comunidad La Flor efectuaron un bloqueo total en ambos sentidos de la carretera Actopan-Ixmiquilpan, a la altura de Xuchitlán, en protesta por la detención de sus vecinos durante el operativo realizado la madrugada del miércoles, en que hubo golpeados y detenidos.
Este cierre carretero provoco importantes afectaciones a la circulación vial en esta zona del Valle del Mezquital, desde la tarde noche del jueves, lo cual se prolongó al menos durante 20 horas.
En un comunicado a través de redes sociales, los pobladores de la comunidad de La Flor, expresaron su agradecimiento a todos sus vecinos y a las personas que se han acercado para apoyarles, escucharlos y solidarizarse con su comunidad.
“Valoramos mucho que no nos dejen solos, y que reconozcan que lo que hicieron fue un acto injusto y que no debe de haber ocurrido. A los pueblos indígenas no se les debe de tratar con violencia, ni con despreció. Tenemos derecho a ser escuchados, respetados y ser atendidos por las autoridades. Nuestra comunidad no pide privilegios. Pedimos algo tan básico como respeto, dialogo, justicia y soluciones para nuestras necesidades”, postearon.
