- La Secretaría de Contraloría dio a conocer medidas preventivas para proteger el erario, personal y los bienes para que no sean utilizados por aspirantes que ejercen cargos de mando, rumbo al Proceso Electoral 2026-2027.
- Los Órganos Internos de Control deberán atender las irregularidades que puedan constituir faltas administrativas; la omisión injustificada también puede generar responsabilidades, se advierte
El presupuesto, los vehículos, los recursos humanos y los medios de comunicación del gobierno deben servir a la población. Ninguna aspiración electoral justifica utilizarlos para promover una candidatura, buscar la continuidad en el cargo o atacar a un adversario, se estableció en la circular que este jueves emitió la Secretaría de Contraloría de Hidalgo, en cuanto a imparcialidad en el servicio público de cara al proceso electoral interno entre partidos, principalmente en el oficialista Morena, y después el constitucional de ayuntamientos, diputaciones federales y estatales.
El documento suscrito por el secretario de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, señala que la vigilancia del dinero público no debe esperar al inicio de las precampañas o campañas. Los Órganos Internos de Control deben prevenir, documentar e investigar posibles irregularidades desde que tengan conocimiento de hechos o indicios, dentro de sus atribuciones.
Mediante un comunicado de prensa emitido por la noche, se precisa que, la circular instruye a los titulares de los Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo estatal y solicita la colaboración de las contralorías municipales y de otros entes públicos, con respeto a su autonomía y competencia.
Cuando un funcionario haga pública su aspiración a la reelección o su registro en un procedimiento partidista, deberá reforzarse la vigilancia de los recursos bajo su responsabilidad.
Aspirar a una candidatura no constituye, por sí mismo, una irregularidad, pero tampoco autoriza a utilizar el cargo para obtener ventajas electorales.
Entre las conductas que deben prevenirse están el uso de vehículos, combustible, oficinas, contratos o personal gubernamental para actividades proselitistas; el condicionamiento de obras, apoyos, empleos o servicios al respaldo político, y la utilización de padrones o datos personales con fines partidistas.
La vigilancia también comprende el pago, producción o difusión de publicidad, videos y campañas de desprestigio con recursos públicos, incluso mediante terceros o plataformas digitales.
Las conferencias de prensa, inauguraciones, recorridos, informes y cuentas oficiales deben cumplir una finalidad pública. Además, la circular reconoce que la crítica política y la rendición de cuentas están protegidas; cada caso deberá valorarse por su contenido, contexto y recursos utilizados, sin censura previa y con respeto a los derechos políticos.
Ningún indicio debe desestimarse únicamente porque no exista una denuncia formal. Los Órganos Internos de Control deberán recibir y atender quejas, así como valorar información publicada en medios de comunicación y redes sociales cuando contenga elementos de una posible falta administrativa. Deberán preservar las pruebas, documentar el seguimiento y canalizar los asuntos que correspondan a otras autoridades.
El documento también advierte que quienes tienen la obligación de vigilar pueden incurrir en responsabilidad si con conocimiento de los hechos y facultades para actuar, omiten injustificadamente prevenir, investigar, denunciar o dar seguimiento. Esa responsabilidad deberá acreditarse individualmente mediante el procedimiento legal correspondiente.
Las obras, los programas y los servicios deben continuar conforme a sus reglas y presupuesto, sin condicionamientos políticos. Es por eso, que, la Secretaría de Contraloría brindará orientación y capacitación en materia de “Blindaje Electoral en el ámbito de la Contraloría Social” para fortalecer estas medidas.
“El mensaje es claro: el dinero del pueblo debe atender las necesidades de la gente. Ninguna aspiración electoral está por encima de esa obligación”, puntualizó Álvaro Bardales.
