Abogados litigantes en materia laboral, denunciaron presumibles actos de corrupción, omisiones y prácticas sistemáticas que, afirman, obstaculizan el acceso a la justicia en el Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, particularmente en casos contra ayuntamientos, entre ellos el de Omitlán de Juárez.
De acuerdo con los denunciantes, el tribunal ordenó el embargo de cuentas bancarias del ayuntamiento del municipio de Omitlán, como parte del cumplimiento de un laudo. Sin embargo, pese a que el banco habría emitido un cheque derivado de este embargo, el tribunal se negó a entregarlo a la trabajadora, y posteriormente las cuentas fueron liberadas sin explicación jurídica clara.
“Esta situación se agrava tras declaraciones públicas del síndico procurador del municipio, quien habría señalado que la presidenta municipal Martha Belem Oliver González, intervino para solicitar la liberación de dichas cuentas a través de personal vinculado al tribunal o a la Secretaría del Trabajo”.
Para los abogados declarantes a través de una conferencia de prensa, lo anterior sugiere una posible intervención indebida en el proceso judicial.
Tras enumerar varios ejemplos, los abogados pidieron al Tribunal de Arbitraje local aclarar los juicios, pues hay algunos que datan de 12 o más años, lo que genera afectación a los ayuntamientos mismos.
Los abogados Tania Ventura, José Luis Henkel, José Antonio Salím Leiza y Antonio Pereira, expresaron casos en los que integrantes del tribunal han decidido de manera arbitraria no entregar los pagos de laudos, y otras faltas procesales.
“Hay violaciones procesales, pues la instrucción es no pagar laudos”, dijo Tania Ventura, quien destacó que todos los casos requieren de amparos para obligar al tribunal a que trabaje.
Durante la exposición, se destacó que incluso se pide dinero a los ayuntamientos para fallar a su favor, pero no se dieron mayores detalles; sin embargo, sí se refirió que hay denuncias ante el Órgano Interno de Control (OIC).
