Antares Cervantes
En las últimas semanas, cientos de consumidores han manifestado su sorpresa al descubrir que algunos productos del supermercado aparecen gravados con IVA, mientras otros no. La reacción suele ser inmediata: “Nos están cobrando impuestos a todo”. Pero ¿es realmente así? La respuesta es más compleja de lo que parece.
En México, la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) establece una tasa general del 16%; sin embargo, los alimentos destinados al consumo humano, en términos generales, están gravados con una tasa del 0%. Esto significa que sí forman parte del régimen del IVA, pero el consumidor no paga el impuesto. La finalidad es evitar que los productos básicos encarezcan la canasta alimentaria.
No obstante, existen excepciones importantes. Alimentos preparados para consumirse en el momento, comidas de restaurantes, cafeterías, rosticerías, comida rápida y algunos productos considerados no esenciales sí pagan el 16%. También ocurre con refrescos, bebidas energéticas, dulces, botanas, chocolates, helados, alimento para mascotas y una gran variedad de artículos de higiene y limpieza.
Por ejemplo, un kilo de tortillas, leche, arroz, frijol, huevo o verduras normalmente se venden con tasa cero. En cambio, si el supermercado prepara un pollo para llevar, una pizza caliente o un paquete de sushi listo para comer, el IVA sí aplica. La diferencia no siempre está en el producto, sino en su condición y forma de comercialización.
De acuerdo con datos del INEGI, los hogares mexicanos destinan cerca de un tercio de su gasto al rubro de alimentos, bebidas y tabaco. Por ello, cualquier modificación en la carga fiscal tiene un impacto directo en el bolsillo familiar, especialmente entre los hogares de menores ingresos.
Cuando un consumidor detecta un cobro indebido, tiene derecho a solicitar la aclaración en la caja y exigir un comprobante fiscal donde se desglose el impuesto. Si considera que el establecimiento está aplicando incorrectamente el IVA, puede presentar una denuncia ante el SAT o acudir a la PROFECO cuando existan prácticas comerciales irregulares.
El verdadero debate no debería centrarse únicamente en si un producto paga o no IVA, sino en la claridad con la que se informa al consumidor. La falta de información genera desconfianza y alimenta la percepción de abusos, aun cuando el cobro sea legal.
En una economía donde el poder adquisitivo sigue siendo una de las principales preocupaciones de las familias mexicanas, la transparencia vale tanto como el precio. Conocer nuestros derechos como consumidores no elimina los impuestos, pero sí evita pagar los que la ley no contempla. Una ciudadanía informada compra mejor, reclama con fundamento y fortalece la rendición de cuentas tanto de las empresas como de las autoridades.
