Antares Cervantes
Hay asuntos que no se resuelven con un desmentido. El caso de Alfonso Durazo es uno de ellos.
En junio del año en curso, Los Angeles Times, en colaboración con Puente News Collaborative, publicó que Estados Unidos investigaba al gobernador de Sonora por presuntos vínculos con el crimen organizado y que su visa habría sido revocada.
La versión oficial en Sonora fue completamente distinta: Durazo tendría su visa vigente y no habría sido notificado de ninguna investigación.
Hasta ahí, dos versiones y ninguna sentencia. Y conviene decirlo con claridad, una investigación periodística no demuestra culpabilidad. Pero tampoco desaparece porque un gobierno la niegue.
Lo que parece más preocupante es que el asunto terminó diluyéndose políticamente. Durazo siguió gobernando, la discusión pública bajó de intensidad y el tema quedó flotando entre declaraciones oficiales y reportajes estadounidenses. A mi juicio, ahí está el verdadero problema, cuando una acusación de esta magnitud aparece, la respuesta no debería ser dejarla morir, sino esclarecerla hasta el final.
Y esto no terminó con Durazo. El mismo reportaje colocó bajo investigación al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, por un asunto relacionado con presunto tráfico ilegal de combustible. Ambos rechazaron los señalamientos.
Después aparecieron más nombres. En agosto de 2026, El País reportó que al menos 50 políticos mexicanos habían hecho pública la revocación de sus visas estadounidenses, entre ellos gobernadores, alcaldes, funcionarios y figuras políticas de distintos niveles.
La pauta de esta historia, por ahora, no la está dando Palacio Nacional ni el gobierno de Sonora. La está dando la información que llega desde Estados Unidos y, particularmente, el periodismo de investigación. Eso debería obligar a México a hacer algo elemental, investigar por cuenta propia y transparentar resultados.
Porque si Durazo es inocente, una investigación seria puede demostrarlo. Y si existen elementos contra él o contra cualquier otro funcionario, nadie debería tener protección política.
No es preocupante que investiguen a un gobernador, preocupa que lo investiguen, se haga ruido durante unos días y después parezca que aquí no pasó nada.
En México no necesitamos más expedientes congelados. Necesitamos instituciones capaces de llegar hasta el fondo, aunque el nombre que aparezca sea incómodo, poderoso o pertenezca al partido en el poder.
