Por Melchisedech D. Angulo
El histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 26 de enero de 2024, que determinó la existencia de un riesgo plausible de genocidio en la Franja de Gaza y ordenó medidas cautelares obligatorias a Israel, supuso una línea roja para la comunidad internacional. Sin embargo, una rigurosa investigación basada en el rastreo de vuelos, registros aduaneros y datos de exportación revela el desprecio de las potencias occidentales hacia la legalidad internacional.
Lejos de acatar el mandato del tribunal, al menos cinco países mantuvieron intacto el flujo de armamento y asistencia militar hacia Tel Aviv, abriendo un debate definitivo sobre la complicidad directa de terceros Estados en las masacres contra el pueblo palestino.
El informe documenta con precisión cómo la maquinaria bélica israelí siguió alimentándose desde los despachos del Norte Global tras la advertencia judicial. Estados Unidos lidera la lista enviando bombas guiadas, munición de precisión y miles de millones de dólares en asistencia anual; le sigue Alemania con componentes para tanques y sistemas de defensa aérea.
Mientras que el Reino Unido e Italia continuaron suministrando piezas para cazas F-35, helicópteros de ataque y municiones. Incluso los Países Bajos mantuvieron el envío de repuestos militares a pesar de los fallos judiciales internos, en una lista de exportadores en la que también figuran India, Rumania, Taiwán y la República Checa, perpetuando el asedio sobre la población civil.
Desde una perspectiva jurídica, la continuidad en el suministro de armas tras la resolución de la CIJ dinamita los pilares del derecho internacional humanitario. Juristas y expertos internacionalistas señalan que los Estados firmantes de la Convención de 1948 tienen la obligación vinculante de prevenir el genocidio, no solo de castigarlo una vez consumado. Al transferir material bélico con una alerta judicial previa y activa, estos gobiernos incumplen de forma flagrante su deber de prevención y caen en la figura de asistencia material para la comisión de crímenes internacionales, demostrando que la responsabilidad por la barbarie no solo recae en el campo de batalla, sino también en quienes firman las licencias de exportación.
Para justificar su postura, los gobiernos proveedores se escudan en retóricas predecibles como el derecho a la defensa de Israel, la inexistencia de una sentencia firme de genocidio y supuestos controles internos que evalúan las licencias caso por caso. No obstante, este cinismo diplomático ha provocado serias fracturas políticas y éticas en sus propios territorios.
En el Reino Unido, más de 130 parlamentarios exigieron suspender las ventas, mientras que organizaciones de derechos humanos en Alemania y Países Bajos han interpuesto demandas judiciales contra sus administraciones, evidenciando que la complicidad con el gobierno israelí se sostiene únicamente por decisiones políticas de las cúpulas gobernantes.
El telón de fondo de este negocio armamentístico es la destrucción absoluta de Gaza, donde la ofensiva militar ya ha cobrado la vida de más de 35.000 palestinos, provocado el desplazamiento forzado de 1,7 millones de personas y destruido el 60% de las viviendas. Los informes de Naciones Unidas y de diversas organizaciones humanitarias describen un escenario catastrófico de hambruna inducida y bloqueos sistemáticos a medicinas, agua y alimentos.
Mientras el Sur Global —liderado por la valiente denuncia de Sudáfrica y respaldado por la ruptura de relaciones de países como Colombia y Brasil— exige embargos y rendición de cuentas, el bloque occidental prioriza sus alianzas estratégicas y el control geopolítico de Oriente Medio a costa de vidas humanas.
@_Melchisedech
