Por el delito de feminicidio, J. V. G., fue puesto tras las rejas y vinculado a proceso durante la audiencia inicial de su proceso, realizada en los Juzgados de Oralidad.
Este sujeto le negó atención médica a su pareja sentimental, como venganza a una riña que sostuvieron, y después de 12 horas de que ella no reaccionaba se lo notificó a su familia. Cuando los médicos la atendieron, ya no contaba con signos vitales.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades de procuración e impartición de justicia, se sabe que:
La noche del 1 de marzo de 2023, la hoy occisa y su pareja discutieron. A la mañana siguiente, él avisó a una maestra que ella no acudiría a trabajar porque se sentía mal. No fue sino hasta la tarde cuando notificó a su familia que Araceli no reaccionaba. “Dejó pasar más de 12 horas para auxiliarla”, denunciaron.
Cuando llegaron a su domicilio, a dos calles de la casa paterna, la encontraron agonizando, con un tono morado en la piel y casi sin signos vitales. Fue su familia quien, en un taxi, la trasladó al hospital del ISSSTE, donde fue diagnosticada con muerte cerebral y finalmente, falleció.
Derivado de lo ocurrido, la Procuraduría General de Justicia inició la carpeta de investigación correspondiente, y la Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social, llevó a cabo las indagatorias con protocolo de feminicidio.
Con base en las investigaciones, se determinó la probable responsabilidad de J. V. G., pareja de la víctima, debido a que le negó la atención médica de urgencia, situación que de acuerdo a dictámenes médicos, derivó en la muerte de la víctima.
El Ministerio Público solicitó a la autoridad judicial una orden de aprehensión, la cual fue concedida y posteriormente ejecutada por elementos de la División de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal, el pasado 17 de octubre.
En audiencia inicial, la representación social solicitó ante el juez de control la vinculación a proceso para J. V. G., por hechos que la ley sanciona como feminicidio; sin embargo, el imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para resolver su situación legal.
Durante la continuación de la audiencia inicial, la autoridad judicial dictó auto de vinculación a proceso para el imputado, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y decretó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Cabe señalar que, hace unos días, familiares de la infortunada, así como amigos y colectivos feministas, se manifestaron afuera de la PGJEH, demandando se aplique todo el peso de la ley en contra del imputado.
