Por Melchisedech D. Angulo Torres/ Politólogo
La inminente aprobación de la Nueva Ley General de Aguas (LGA), junto con la reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) de 1992, representa el golpe de timón necesario para desmantelar la “hidrocracia” y el modelo de mercado que, por décadas, ha priorizado la ganancia empresarial sobre el derecho humano al agua.
El gobierno federal, a través de sus legisladores, impulsa un paquete legislativo contundente que busca un doble objetivo: fortalecer al Estado como único rector del recurso y asegurar la sostenibilidad hídrica mediante la penalización de la corrupción.
El corazón de esta reforma hídrica es la recuperación del control estatal sobre la gestión del agua. El modelo anterior, basado en concesiones transferibles, generó un lucrativo mercado negro y el acaparamiento por parte de grandes intereses, especialmente en la agroindustria.
La nueva ley ataca este problema de raíz: introduce sanciones penales severas para el llamado “huachicoleo” de agua y la sobreexplotación de acuíferos, y establece límites claros a la transmisión de los derechos de agua para frenar la especulación. Esto se traduce directamente en la protección de los ejidos y pequeños usuarios frente a los grandes consorcios, garantizando que el vital líquido no sea un bien de lujo sino un derecho esencial.
Un pilar fundamental de la iniciativa es el fortalecimiento de CONAGUA (Comisión Nacional del Agua). La propuesta dota a esta institución de mayores facultades de supervisión y vigilancia, especialmente sobre los distritos de riego, zonas que históricamente habían operado con poca transparencia. Al centralizar y ordenar la gestión, el Estado busca terminar con la ambigüedad jurídica que permitía a los actores elegir el marco legal más conveniente para sus intereses mercantiles.
MÉXICO DA EL GOLPE DE TIMÓN: ESTE RÉGIMEN ESTÁ A PUNTO DE SALDAR UNA DEUDA HISTÓRICA CON LA JUSTICIA SOCIAL Y AMBIENTAL EN MÉXICO. Y SE POSICIONA COMO EL VIGILANTE INELUDIBLE QUE ASEGURARÁ QUE EL AGUA SE USE DE MANERA EFICIENTE Y JUSTA, Y QUE LOS GRANDES CONSUMIDORES RINDAN CUENTAS. Frente a las voces críticas que alertan sobre una supuesta “privatización encubierta”, es esencial aclarar la perspectiva de la administración: la reforma es una respuesta directa al fracaso de los esquemas de transferencia de responsabilidad, como el polémico caso de “Agua de Puebla para Todos”.
Si bien la ley vigente ya permitía a los municipios concesionar servicios, la nueva legislación se enfoca en poner candados y hacer más difícil la transferencia de la operación y el suministro a manos privadas. El verdadero riesgo de privatización no se encuentra en la reforma actual, sino en la inacción o en la continuidad de la antigua Ley de Aguas Nacionales, que fue el verdadero motor de la mercantilización.
La extensión de los plazos de concesión ha sido otro punto de fricción, pero la realidad es que la ley busca ordenar la situación actual, que ya se encontraba viciada. Al revisar y limitar estas extensiones, el gobierno está sentando las bases para que en el futuro se pueda reorientar la política hídrica con mayor facilidad, priorizando la sustentabilidad y el consumo humano por encima de las necesidades industriales. Este ajuste es una medida pragmática para la transición, no una perpetuación del statu quo.
@_Melchisedech
