Por Melchisedech D. Angulo Torres/ Politólogo
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha desmantelado una compleja organización criminal que operaba el mayor esquema de contrabando y evasión fiscal de combustibles jamás documentado en el país, conocido como “huachicol fiscal”.
La red, que involucra a militares de alto rango, empresarios y funcionarios aduanales, utilizaba importaciones simuladas y documentación falsa para evadir millones de pesos en impuestos federales como el IEPS y el IVA, representando una amenaza directa tanto a las finanzas públicas como a la seguridad nacional.
Entre los detenidos se encuentra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, familiar del exsecretario de Marina, junto a 13 personas más vinculadas a esta sofisticada red criminal. La organización fue descubierta tras detectar un buque en Tampico que transportaba más de 10 millones de litros de diésel de contrabando, revelando conexiones con el Cártel Jalisco Nueva Generación y su posible participación en el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, evidenciando la infiltración del crimen organizado en las más altas esferas institucionales.
El modus operandi de esta red criminal superaba en complejidad a las tradicionales tomas clandestinas, utilizando mecanismos aparentemente legales pero sustentados en fraude documental. Los criminales importaban combustible que se declaraba falsamente como otros productos para evitar impuestos, mientras que en paralelo operaban un esquema donde crudo robado salía ilegalmente de México, se refinaba en Estados Unidos y regresaba al país como combustible “legal” mediante documentación fraudulenta, creando un ciclo completo de blanqueo de hidrocarburos.
Las acciones del gobierno han resultado en decomisos históricos que demuestran la magnitud de esta amenaza criminal. En Coahuila se incautaron 15.4 millones de litros de combustible robado con 129 carrotanques implicados, el decomiso más grande del sexenio, mientras que operativos en Veracruz y Nuevo León han asegurado más de 1.7 millones de litros adicionales. En total, la administración ha confiscado más de 39 millones de litros de hidrocarburos en solo ocho meses, evidenciando la determinación gubernamental para erradicar estas prácticas criminales.
La presidenta Sheinbaum ha implementado una estrategia integral que incluye cooperación estrecha con agencias estadounidenses como Customs and Border Protection y el Departamento del Tesoro para desarticular estas redes transfronterizas.
Paralelamente, se impulsan reformas estructurales para consolidar los organismos reguladores en una nueva Comisión Nacional de Energía, junto con plataformas tecnológicas que garantizan la trazabilidad completa del combustible desde su origen hasta su distribución final, cerrando las ventanas de oportunidad que aprovechaban estas organizaciones criminales.
La postura gubernamental ha sido categórica: tolerancia cero a la corrupción sin importar el nivel jerárquico de los involucrados. Como ha reiterado la mandataria, “no se va a encubrir a nadie”, enviando un mensaje claro tanto a funcionarios públicos como a organizaciones criminales de que la impunidad ha llegado a su fin.
Esta red de huachicol fiscal representa la evolución más peligrosa del crimen organizado al combinar sofisticación financiera con corrupción institucional, pero la respuesta del gobierno demuestra que ninguna estructura criminal, por compleja que sea, está por encima del Estado de derecho.
@_Melchisedech
