El fracaso del orden internacional ante 71,000 vidas segadas
Por Melchisedech D. Angulo Torres/ Politólogo
El balance del genocidio en la Franja de Gaza alcanza una cifra que la historia no podrá perdonar: 71,269 fallecidos documentados hasta el cierre de 2025. Lo que comenzó en octubre de 2023 como una respuesta militar se transformó, bajo la mirada cómplice de las potencias occidentales, en la mayor masacre sistemática del siglo XXI.
Según los registros del Ministerio de Salud de Gaza, avalados por organismos como la ONU y la OMS, la mayoría de las víctimas son mujeres y niños, víctimas de un castigo colectivo que no distingue entre objetivos militares y la población civil que intenta sobrevivir entre escombros.
La metodología de conteo, que Israel intenta desacreditar sistemáticamente para mitigar el costo político de sus acciones, es defendida por la comunidad científica internacional. Incluso con el asedio total a los hospitales y la destrucción de la infraestructura administrativa, el registro palestino se mantiene como la única fuente fidedigna frente a la opacidad del ejército ocupante.
Expertos del Instituto Max Planck advierten que, debido a los miles de cuerpos que permanecen bajo las ruinas de ciudades enteras, el número real de muertes podría superar en un 35% las cifras oficiales, revelando un subregistro doloroso causado por el colapso de los equipos de rescate.
El contexto actual es el de un territorio deliberadamente inhabitable. Más del 80% de los centros hospitalarios son reducidos a cenizas o inhabilitados por la falta de suministros básicos, convirtiendo enfermedades prevenibles y heridas leves en sentencias de muerte. La estrategia de asfixia humanitaria, denunciada repetidamente en foros internacionales, utiliza el hambre y las epidemias como armas de guerra silenciosas.
La Organización Mundial de la Salud señala que la crisis sanitaria es hoy un verdugo tan letal como los bombardeos, afectando de manera desproporcionada a la infancia gazatí que padece desnutrición aguda.
A pesar de la implementación de un frágil alto al fuego en octubre de 2025, la violencia no cesa de forma absoluta. Desde la firma del acuerdo, se contabilizan al menos 415 nuevos fallecimientos debido a incursiones aisladas y violaciones de los términos de paz por parte de las fuerzas de ocupación.
Esta letalidad residual demuestra que el cese de hostilidades es, en la práctica, una tregua técnica que no garantiza la seguridad de los palestinos ni permite el ingreso de la ayuda humanitaria masiva necesaria para frenar la mortalidad indirecta que sigue desangrando a la región.
El contraste entre las narrativas es absoluto: mientras el Gobierno de Israel utiliza “inteligencia operativa” para desviar la atención hacia la presencia de combatientes, las agencias de derechos humanos confirman que el 70% de los decesos corresponden a la población civil vulnerable. La politización de estas estadísticas busca, en última instancia, diluir la responsabilidad penal internacional de quienes ordenan el bloqueo total.
La comunidad internacional se enfrenta al dilema de seguir aceptando cifras parciales o reconocer la magnitud de una catástrofe que es transmitida en tiempo real ante la pasividad de los organismos de justicia global.
@_Melchisedech
