Por Melchisedech D. Angulo Torres/ Politólogo
¿Es la universidad pública un centro de pensamiento libre o una oficina de trámites al servicio de Washington? Esta es la pregunta incendiaria que colectivos como el Bloque Revolucionario Estudiantil y Popular (BREP) y el FADEP han puesto sobre la mesa, denunciando lo que califican como un “servilismo académico” humillante.
Para estos grupos, la proliferación de convenios con agencias estadounidenses y la adopción de modelos educativos extranjeros no son señales de progreso, sino una entrega silenciosa de la soberanía intelectual que convierte a nuestras aulas en laboratorios de intereses ajenos.
La acusación no es un simple arrebato retórico; los estudiantes señalan que la ciencia y la tecnología en América Latina están siendo “secuestradas” por agendas de financiamiento externo. Según este discurso, las investigaciones ya no responden a las necesidades de las comunidades locales, sino a las prioridades estratégicas de grandes corporaciones y organismos de seguridad del Norte. Bajo la máscara de la “excelencia” y los rankings globales, se escondería una maquinaria que desplaza los saberes tradicionales para imponer una visión empresarial y mercantilista del conocimiento.
Este conflicto no es nuevo, sino que arrastra una herencia de fuego que viene desde la Reforma de Córdoba en 1918. El movimiento estudiantil actual se ve a sí mismo como el último muro de contención contra una colonización mental que busca borrar la identidad latinoamericana. Para estos activistas, la autonomía universitaria conquistada con sangre en el siglo XX está hoy bajo asedio, no por militares, sino por tecnócratas que ven en la educación un producto de exportación y no un derecho humano inalienable.
Desde la trinchera teórica, el argumento se vuelve aún más profundo al invocar la “colonialidad del saber”. Expertos y activistas coinciden en que la dependencia económica genera una dependencia mental: si el Norte pone el dinero, el Norte pone las preguntas y las respuestas. Esta jerarquía académica perpetúa un sistema donde nuestras universidades actúan como satélites, validando teorías diseñadas en Harvard o el MIT que muchas veces ignoran la cruda realidad de la pobreza y la desigualdad en nuestra región.
Sin embargo, la polémica divide aguas en el campus. Mientras unos queman banderas y exigen romper lazos con el “imperio”, otros sectores académicos advierten que el aislamiento sería un suicidio científico. Los defensores de la internacionalización aseguran que, en un mundo globalizado, cerrarse a la colaboración con potencias tecnológicas es condenar a los estudiantes al atraso. El reto, dicen, no es prohibir los convenios, sino aprender a negociar con dignidad para que la cooperación no se convierta en una sutil forma de rendición.
El debate está encendido y la moneda sigue en el aire. ¿Estamos ante una resistencia heroica por la soberanía nacional o frente a un anacronismo ideológico que impide el avance del país? Lo cierto es que, mientras las autoridades universitarias buscan fondos en el extranjero, en los pasillos resuena una advertencia clara: la autonomía no se vende. El destino de la universidad pública en América Latina parece ser, hoy más que nunca, una batalla campal por definir quién tiene la llave de nuestro conocimiento.
@_Melchisedech
