La UPN Puebla en el Ojo del Huracán por Amparo contra Medios
Por Melchisedech D. Angulo Torres/ Politólogo
El director de la Unidad 211 de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Puebla, Javier Mauleón Montero, ha generado un debate sobre los límites de la libertad de expresión y el derecho al honor al interponer una demanda de amparo contra cuatro destacados medios de comunicación: La Jornada de Oriente, Mundo Nuestro, e-Consulta y Ángulo 7.
Mauleón argumenta que las publicaciones sobre denuncias en su contra han vulnerado su reputación y lo han expuesto al escarnio público, solicitando la retirada de las notas y el cese de lo que califica como una “campaña mediática” en el marco de la figura de lawfare o guerra legal.
El conflicto tiene su origen en las acusaciones realizadas por la maestra Gabriela Molina Herrera, docente e investigadora de la misma unidad, quien denunció la presunta obtención de plazas de alto nivel de forma irregular por parte de Mauleón y otros directivos, una situación que llevó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a retirar 26 plazas.
Además de las irregularidades administrativas, la maestra Molina ha señalado ser víctima de hostigamiento laboral y represalias —incluyendo la retención salarial— tras hacer públicas sus acusaciones, contando con el respaldo de importantes colectivos magisteriales en el estado.
A pesar de los argumentos presentados por Mauleón, el juez federal negó la suspensión provisional del amparo, permitiendo que las publicaciones periodísticas se mantengan en línea. Expertos consultados señalan inconsistencias en la demanda, como el haber señalado como “autoridad responsable” a la Dirección de Formación Docente de la SEP Puebla sin aportar pruebas de que los medios actuaron bajo sus órdenes.
Esta irregularidad jurídica y la falta de cumplimiento de los requisitos para acreditar una afectación al honor sugieren que el amparo podría ser declarado improcedente.
El caso ha sido analizado por especialistas jurídicos en el marco de las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP), una práctica que utiliza litigios largos y costosos para intimidar y desgastar a periodistas y denunciantes.
Se advierte que el objetivo real del litigio podría ser presionar a los medios para que dejen de informar sobre las denuncias institucionales, afectando directamente el derecho fundamental de la sociedad a estar informada sobre asuntos de interés público.
Esta tensión legal refleja la colisión de derechos fundamentales en el ámbito público: por un lado, el derecho al honor y la presunción de inocencia, invocados por el director de la UPN; por otro, la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a conocer posibles actos de corrupción o abuso de poder, encarnado también en la protección a los denunciantes como la maestra Molina.
Aunque el amparo continúa su curso legal, la negativa inicial del juez de suspender las publicaciones se interpreta como un contrapeso favorable al ejercicio periodístico y a la transparencia institucional. El desarrollo del caso, independientemente de su desenlace, subraya un debate crucial en México sobre el uso de recursos legales como potenciales herramientas de censura encubierta y la necesidad de proteger tanto a la prensa como a quienes se atreven a denunciar irregularidades en las instituciones educativas.
@_Melchisedech
