La Castle Doctrine Bajo Escrutinio por el Homicidio de Florinda Ríos Pérez
Por Melchisedech D. Angulo Torres/ Politólogo
El asesinato de María Florinda Ríos Pérez, una migrante guatemalteca de 32 años, a manos de un propietario en Whitestown, Indiana, el 5 de noviembre de 2025, ha encendido una polémica nacional que confronta la legalidad de la Castle Doctrine con los derechos humanos y la vulnerabilidad de las comunidades migrantes. Ríos Pérez, madre de cuatro hijos, fue abatida a tiros en el porche de una vivienda tras confundir su dirección de trabajo, un simple error que el dueño transformó en un desenlace fatal, alegando la protección que le confiere la ley de autodefensa de Indiana.
La policía local no ha realizado arrestos, remitiendo la compleja decisión al fiscal del condado de Boone, Kent Eastwood.
La controversia se centra en el Marco Legal de Indiana, que otorga inmunidad al residente que utilice fuerza letal si percibe una “amenaza inminente” o una intrusión ilegítima. Esta formulación permite una alta dosis de subjetividad en el “temor razonable”, sin requerir una verificación objetiva de las intenciones del intruso. En el caso de Ríos Pérez, las evidencias apuntan a la ausencia de una amenaza real: estaba desarmada y retrocedía al percatarse de su error, con el cuerpo hallado en el exterior de la vivienda, lo que debería debilitar la defensa de “invasión domiciliaria”.
No obstante, la carga de la prueba recae históricamente en la fiscalía, que debe demostrar un “exceso evidente” para superar la inmunidad de la doctrina.
El factor de vulnerabilidad racial y social es ineludible. Colectivos latinos en Indiana han denunciado que la aplicación de esta ley es discriminatoria, afectando de manera desproporcionada a los migrantes. La víctima, en situación laboral precaria, encarna la interseccionalidad de clase y etnia, operando en la informalidad y siendo percibida como una “amenaza” en suburbios predominantemente blancos, según estudios de percepción.
La impunidad preliminar del agresor ha generado la desesperación de su esposo, Mauricio Velázquez, cuyo testimonio resuena: “Mataron a mi esposa por un error… ¿y eso es legal?”.
Casos análogos como el de Ralph Yarl en Misuri (2023), donde se condenó al agresor por disparar a un adolescente que se equivocó de casa, han sentado un precedente crucial: el error accidental no justifica el uso de fuerza letal. Esta tendencia judicial muestra que fiscalías en el país están buscando activamente restringir la Castle Doctrine cuando hay negligencia del agresor o una ausencia clara de riesgo real.
El destino legal de Whitestown podría, por lo tanto, redefinir los límites de la autodefensa en Estados Unidos.
La tragedia también expone la fractura en el debate sobre control de armas, pues Indiana permite la portación sin permiso, lo que facilita reacciones letales en situaciones ambiguas. El impacto sociocomunitario es profundo: mientras la familia enfrenta el dolor de la pérdida y la complejidad de la repatriación del cuerpo a Guatemala, el movimiento “Justicia para Florinda” exige una reforma legal para incluir el principio de proporcionalidad en la Castle Doctrine y una investigación sobre el sesgo racial en la aplicación de estas leyes.
@_Melchisedech
