¿Libertad o Caos? La Ley que Pone Fin a la “Privatización Silenciosa” de las Playas
Por Melchisedech D. Angulo Torres/ Politólogo
En un giro legislativo que redefine el modelo turístico de México, la Cámara de Diputados aprobó el 1 de octubre de 2025 una reforma histórica a la Ley General del Equilibrio Ecológico, garantizando el libre acceso a todas las playas del país. Impulsada por la bancada de Morena y con un respaldo casi unánime de 465 votos, la medida se inscribe en la narrativa de la Cuarta Transformación (4T) como la “recuperación de bienes nacionales”, combatiendo la “privatización silenciosa” que, por décadas, ha permitido a hoteles y desarrollos turísticos levantar muros y barreras en la Zona Federal Marítimo-Terrestre.
Esta ley busca no solo abrir los accesos bloqueados en destinos emblemáticos como Cancún y Los Cabos, sino también establecer un nuevo pacto entre el derecho público y la millonaria inversión privada.
El corazón de la reforma establece tres mecanismos ineludibles: la obligatoriedad para concesionarios de garantizar el ingreso público permanente a las playas, la disposición de acceso gratuito al menos un día a la semana en las Áreas Naturales Protegidas gestionadas por la Semarnat, y la creación de un Registro Nacional para mapear y controlar todos los accesos disponibles.
Estos ejes de acción representan la respuesta institucional a los reclamos históricos de colectivos civiles, quienes con pruebas en mano documentaron cómo más de un tercio de los accesos a playas en los principales destinos turísticos estaban restringidos, evidenciando que el patrimonio de la nación estaba siendo cercenado por intereses privados.
Políticamente, el debate reveló una tensión ideológica clave, incluso dentro del consenso. Mientras que el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, equiparó esta acción con otras recuperaciones de soberanía como Pemex y CFE, el PAN y el PRI, aunque votaron a favor, advirtieron sobre la necesidad de equilibrar el derecho colectivo con la indispensable inversión privada. El temor subyacente de la oposición es que un acceso desordenado y sin protocolos de seguridad y limpieza adecuados pueda desincentivar el desarrollo económico o, peor aún, detonar un caos ecológico en zonas vulnerables.
La implementación, según expertos en derecho ambiental, será la prueba de fuego. La Dra. Laura Hernández subraya que la ley “podría quedar en letra muerta” sin reglamentos claros, capacitación de inspectores y recursos suficientes para que la Semarnat y los municipios costeros puedan verificar y sancionar los incumplimientos.
El desafío inmediato no es solo derribar muros, sino ordenar el uso bajo principios de sustentabilidad: el aumento de visitantes debe ir acompañado de planes de manejo de residuos y control de aforos, aspectos que el gobierno federal debe detallar con urgencia para evitar que la “libertad” se traduzca en degradación ambiental.
Económicamente, la jugada podría reconfigurar el turismo mexicano. La apertura garantiza que pequeños comercios y prestadores de servicios locales, históricamente marginados por los grandes enclaves turísticos, puedan beneficiarse de un flujo de visitantes más diverso. Este potencial beneficio comunitario es visto por los promotores como un contrapeso necesario a la concentración de la riqueza turística, aunque la alerta de una posible fuga de capitales por parte de organismos empresariales sigue latente, exigiendo al Senado de la República que, en su revisión, ofrezca un marco regulatorio que proteja la inversión sin sacrificar el derecho ciudadano.
@_Melchisedech
