Por Melchisedech D. Angulo Torres/ Politólogo
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa una iniciativa de reforma constitucional que promete ser el cambio de paradigma más profundo en la gestión del agua en México en las últimas tres décadas. Lejos del modelo neoliberal de 1992 que fomentó la mercantilización y el acaparamiento, esta propuesta busca devolver al Estado la rectoría absoluta del recurso, garantizando que el acceso al agua potable y saneamiento sea, de manera operativa y real, un Derecho Humano Fundamental y no un activo comercial sujeto a las reglas del mercado.
El corazón de la crisis hídrica que azota a la nación radica en el sistema actual de concesiones, que permitió que el agua se convirtiera en un bien transable. Grandes corporaciones agrícolas, industriales y desarrolladoras inmobiliarias han concentrado volúmenes masivos, mientras que el mercado negro prospera, vendiendo a precios de usura el líquido vital a las comunidades más vulnerables. La reforma ataca esta problemática de raíz con una medida estructural e inaplazable: la prohibición expresa de la venta o transferencia de títulos de concesión entre particulares, lo que obliga a que, si un título se desocupa, el recurso revierta al Estado para ser reasignado bajo criterios estrictos de necesidad social y sostenibilidad, poniendo fin a la especulación.
Para combatir el lucro y la ilegalidad que han caracterizado la administración actual del agua, la iniciativa incorpora un catálogo robusto de Delitos Hídricos en el Código Penal Federal. Conductas nocivas como la extracción sin permiso, la venta no autorizada de pipas y la corrupción en la asignación dejarán de ser meras faltas administrativas para ser tipificadas como crímenes, con sanciones que incluyen penas de prisión y extinción de dominio. Este es un mensaje claro: la impunidad en el robo del agua se ha terminado y se actuará con toda la fuerza del Estado para proteger el patrimonio hídrico de la nación.
El modelo propuesto enfatiza la Soberanía Hídrica y la gestión sustentable. Al recuperar el control sobre el ciclo de las concesiones, el Estado estará en posición de planificar a largo plazo, enfocándose en la protección urgente de los acuíferos sobreexplotados y asegurando la disponibilidad futura del recurso. El objetivo es claro: priorizar el uso doméstico y público sobre cualquier otro interés económico, un principio que el modelo anterior diluyó en favor de los grandes concesionarios. Para la implementación efectiva, la reforma no se queda solo en el papel. Se plantea la expedición de una nueva Ley General de Aguas y el fortalecimiento sin precedentes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), dotándola de mayores facultades de vigilancia, sanción y transparencia.
Además, se ha propuesto una revisión integral y obligatoria de todas las concesiones vigentes para identificar y revertir aquellas que estén en desuso o sean producto de acaparamiento, un proceso ambicioso pero esencial para restaurar la justicia hídrica.
La reforma hídrica de Sheinbaum no es solo un cambio legal; es una profunda disputa de modelo, que antepone el bienestar social y la sostenibilidad ambiental a la lógica del mercado. Si bien se esperan resistencias de los intereses creados y desafíos en la capacidad institucional para el reordenamiento, esta propuesta marca un hito en la historia social de México, consolidando la visión del régimen actual: el agua es un derecho del pueblo y un bien de la nación, y debe ser gestionado con justicia, equidad y visión de futuro.
@_Melchisedech
