Por Melchisedech D. Angulo Torres/ Politólogo
La reciente aparición de supuestas demandas de amparo a favor de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, que buscaban protección contra una presunta investigación por “huachicol fiscal”, ha desatado una controversia que va más allá de lo jurídico. Lejos de ser una medida real, todos los indicios señalan que se trató de un montaje orquestado con fines políticos, destinado a crear una narrativa de criminalización en contra de la familia del expresidente y de la actual administración.
La reacción de los supuestos beneficiarios fue contundente y unánime. José Ramón, Andrés Manuel “Andy” y Gonzalo Alfonso López Beltrán negaron categóricamente haber promovido o autorizado los amparos, calificándolos de una maniobra para vincularlos a delitos que no cometieron. De manera similar, el abogado Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, cuyo nombre apareció en los documentos, denunció que su identidad profesional fue usurpada, lo que refuerza la tesis de una operación deliberada.
Esta versión fue respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que el episodio forma parte de una “campaña política de desprestigio” en su contra y la de su predecesor. La estrategia, según la mandataria, busca sembrar dudas y desinformación en la opinión pública, utilizando el sistema judicial como herramienta para generar un escándalo mediático sin fundamento.
Las inconsistencias detectadas en el proceso judicial son notorias. Los documentos carecían de las firmas electrónicas válidas de los supuestos beneficiarios y de los abogados, una omisión grave en un sistema de justicia que se moderniza para evitar fraudes. Que los amparos fueran admitidos a trámite en juzgados de diferentes estados, de forma casi simultánea, sugiere una coordinación malintencionada, más que un error administrativo.
La falta de una investigación pública formal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), sobre el supuesto “huachicol fiscal”, añade una capa más de opacidad al caso. Sin una amenaza real o una orden de aprehensión probada, los amparos parecen haber sido presentados en respuesta a una amenaza inexistente, cuyo único propósito era generar un efecto mediático inmediato.
En última instancia, el caso de los amparos rechazados se disuelve como un intento fallido de guerra sucia. La rápida y categórica negación de los involucrados, sumada a las irregularidades en la presentación de los recursos, expone una operación de desinformación que busca minar la confianza en el gobierno. Es una muestra de cómo los adversarios políticos están dispuestos a utilizar cualquier recurso, incluso el sistema judicial, para crear un clima de inestabilidad y difamación.
@_Melchisedech
