- Especialistas recomiendan combinar seguridad y evidencia médica para combatir las pastillas ilícitas y ampliar el acceso a tratamientos y naloxona, sin prohibir su uso clínico.
- México y EE. UU. mantienen visiones distintas del problema y requieren fortalecer los mecanismos institucionales más allá de los acuerdos vigentes desde 2025.
- El consumo en México está subregistrado, mientras la producción usa precursores chinos sintetizados en el norte del país, moviendo 1,400 millones de dólares y decomisándose principalmente en puertos oficiales.
Ciudad de México, a 18 de noviembre.- Luego de que las muertes por sobredosis comenzaran a bajar en Estados Unidos sin dejar de ser muy altas, especialistas analizaron si la crisis del fentanilo debe enfrentarse como un problema de salud pública o de seguridad, y concluyeron que ambos enfoques son necesarios, pero deben equilibrarse con base en la evidencia.
El conversatorio se abrió con un breve contexto de salud pública a cargo de estudiantes de Relaciones Internacionales de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), Michelle Martínez García explicó que el fentanilo es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina y que, en el peor momento de la crisis, en 2023, Estados Unidos llegó a registrar 112,418 muertes por sobredosis en un año, más de 300 al día.
Mientras que Verónica del Carmen Sosa, señaló que en México el consumo es mucho menor, pero está sub registrado: en 2023 hubo 759 atenciones de urgencia por opioides, la cifra más alta registrada. Destacó también que la naloxona y el acceso a tratamiento están entre los factores que han ayudado a reducir las muertes en Estados Unidos.

Desde la perspectiva de la política exterior, el doctor Jorge Puga González, profesor de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), explicó que la seguridad es un tema central de la agenda bilateral y un asunto «interméstico» (se refiere a un problema en el que lo que ocurre dentro de cada país y lo que ocurre entre países están entrelazados que no pueden atenderse por separado), con causas tanto internacionales como locales.
«No se entendería sin el tráfico de armas y el consumo que hay en Estados Unidos, y sin un montón de factores que conocemos en México. Necesariamente es un tema que pasa por la cooperación internacional», señaló.
Puga describió la relación de México con Estados Unidos como relativamente desordenada y con bajos niveles de institucionalización. Recordó que, con los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, Estados Unidos declaró terroristas a los cárteles mexicanos, aplicó medidas financieras y reforzó el control fronterizo, y que desde 2025 operan el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley y el Diálogo sobre Drogas de América del Norte, que incluye a Canadá y temas de salud como la atención a las sobredosis.
Advirtió que esta cooperación ocurre en un marco de interdependencia asimétrica, en el que ambos países definen el problema de forma distinta: para Estados Unidos es sobre todo un asunto de tráfico; para México, de corresponsabilidad y soberanía.
Aunque han aumentado los decomisos y los arrestos, y las muertes por sobredosis han bajado en Estados Unidos, aclaró que estos resultados no necesariamente se deben a la cooperación bilateral y que aún faltan mecanismos sólidos para atender el problema.
En su intervención el maestro José Valente Tallabs González, profesor de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la UPAEP, alertó sobre reportes de fentanilo mezclado con dulces para atraer a nuevos consumidores, incluso niñas, niños y adolescentes.
Subrayó que la respuesta no puede limitarse a prohibir la sustancia, que tiene un uso médico indispensable, sino que debe centrarse en las pastillas ilícitas, que causan sobredosis muchas veces no intencionales, y en acercar la naloxona a las poblaciones más vulnerables.

Tallabs señaló que en México el consumo está subestimado, porque las encuestas se levantan en los hogares y «difícilmente alguien diría que consume, aunque lo haga».
Explicó que la cadena del mercado ilícito está fragmentada: los precursores llegan principalmente de China, la síntesis ocurre en laboratorios clandestinos en México, sobre todo en Sinaloa, Chihuahua y Baja California, y desde ahí se abastece a Estados Unidos.
Finalmente, consideró erróneo el discurso estadounidense que vincula el fentanilo con la migración irregular, cuando más de 60% de los decomisos ocurre en los puertos de entrada oficiales, y llamó a dar seguimiento al flujo del dinero: según la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN), en 2024 se identificaron cerca de 1,400 millones de dólares en transacciones vinculadas a este mercado.


