Antares Cervantes
La visita de Claudia Sheinbaum a Pachuca, el 30 de octubre, dejó algo más que una agenda de apoyos e inversiones, exhibió las prioridades, las contradicciones y las formas de hacer política en Hidalgo.
Con esta gira, la presidenta suma 17 visitas al estado desde que asumió el Ejecutivo federal en octubre de 2024, de acuerdo con el recuento difundido previo a su llegada. Una presencia importante que refleja el peso de los proyectos federales en la entidad.
Pero el episodio que marcó la jornada fue el bloqueo de los accesos al recinto ferial por habitantes de comunidades cercanas a la presa Endhó. Su reclamo tiene fundamento: contaminación, proliferación de lirio acuático, mosquitos, exigencias de atención sanitaria y ambiental. No se puede descalificar una demanda social por incomodar una agenda presidencial.
Sin embargo, también surgieron señalamientos sobre el respaldo de un diputado local, dirigente de un partido político, al traslado de manifestantes para cerrar los accesos. De confirmarse, sería necesario distinguir entre acompañar una causa legítima y convertir la protesta en una herramienta de operación política.
Lo verdaderamente lamentable ocurrió en otro escenario, alcaldes, funcionarios y trabajadores de distintas administraciones municipales acudieron al encuentro presidencial, pero varios terminaron permaneciendo afuera del recinto.
Y aquí cabe una reflexión: ¿qué hacen representantes populares y servidores públicos dedicando tiempo y recursos a estar presentes en un acto político, mientras en sus municipios persisten problemas de bacheo, falta de agua potable, inseguridad, servicios deficientes y necesidades que no esperan?
No es un delito asistir a un evento de la presidenta. Cualquier ciudadano tiene derecho a hacerlo. El problema aparece cuando la representación pública parece confundirse con la asistencia a actos políticos y se pierde de vista que el verdadero compromiso está en las comunidades que les dieron el cargo.
La visita presidencial debe medirse por los resultados que deja, no por las fotografías que produce. Los 400 mil pesos anunciados para apoyar a familias damnificadas y los proyectos de inversión son relevantes; también lo son las demandas de quienes viven junto a la presa Endhó.
Hidalgo necesita servidores públicos que recorran sus municipios para resolver problemas, no que conviertan cada visita presidencial en una oportunidad para aparecer. Porque mientras algunos buscan estar cerca de la presidenta, hay ciudadanos que siguen esperando algo mucho más elemental: agua, calles transitables, seguridad y servicios dignos.
La pregunta no es quién logró entrar al recinto o quién consiguió una fotografía. La pregunta es quién regresó a su municipio dispuesto a resolver lo que tiene pendiente.
