- Aprobar el presupuesto y después bloquear su ejecución por parte de los regidores, perjudica al pueblo y abre espacios a presiones y favores políticos, afirma Álvaro Bardales, secretario de la Contraloría, al señalar que, “eliminar autorizaciones duplicadas no exime de exigir mantener la vigilancia, la transparencia y las responsabilidades de quienes contratan”
El secretario de Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, respaldó la eliminación de autorizaciones duplicadas para las contrataciones municipales, argumentando que los recursos públicos no deben quedar sujetos a disputas políticas, intereses personales o incapacidad para construir acuerdos.
Declara que: “la preocupación por preservar los contrapesos es legítima; también lo es exigir que esos controles funcionen y permitan atender a la población. Ninguna facultad pública debe convertirse en un coto de poder ni en una oportunidad para negociar beneficios particulares”.
“Agilizar los procedimientos no justifica contrataciones arbitrarias por parte de los presidentes municipales, favorecer a determinados proveedores ni realizar obras deficientes. Quien ejerce el presupuesto debe acreditar cada decisión y responder por cualquier irregularidad”.
Bardales Ramírez asienta lo anterior en un comunicado de prensa de la Secretaría de Contraloría, en el cual justifica su aparición refiriéndose a este tema:
“La discusión cobró fuerza este jueves, cuando el Cabildo de Pachuca respaldó la minuta de reforma al artículo 141 de la Constitución estatal con 14 votos a favor y cinco en contra, en medio de cuestionamientos sobre sus efectos en los contrapesos municipales”.
En el boletín de prensa difundido hoy, viernes, manifiesta que: “la postura del contralor es firme: revisar el gasto constituye una obligación, pero utilizar una autorización pendiente para obtener plazas, contratos o beneficios personales, representa una conducta que debe investigarse cuando existan elementos”.
Así mismo argumenta: “la Contraloría recibe constantemente quejas de presidentes municipales, contralores internos y tesoreros, porque las autorizaciones se detienen y el presupuesto no se ejecuta. Las consecuencias recaen en las comunidades: obras que no comienzan, servicios que se retrasan y necesidades que siguen sin respuesta”.
Bardales Ramírez señaló: “aprobar un presupuesto implica asumir la responsabilidad de que se convierta en resultados. No puede autorizarse en el papel y mantenerse bloqueado en la práctica”.
Señaló que, cuando el presupuesto ya fue aprobado y se cumplen los requisitos legales para contratar, exigir nuevamente el aval del Cabildo puede detener las mismas obras y acciones que el ayuntamiento autorizó.
Frente al argumento politizado de que la reforma debilita la vigilancia a cargo de los regidores, la información emitida por la dependencia del Ejecutivo estatal sostiene que:
“La contratación pública tiene obligaciones que deben cumplirse, procedimientos de obra y adquisiciones, suficiencia presupuestaria, integración de expedientes, comprobación de pagos y fiscalización”.
Añade que “también intervienen los órganos internos de control y el pueblo organizado en comités de Contraloría Social”.
Además, se señala, “existen recursos federales sujetos a plazos cuyo incumplimiento puede generar la obligación de devolverlos. Una confrontación política puede terminar costándole a una comunidad el agua, el drenaje o la calle que esperaba”.
Abunda: “Por ello, el debate debe examinar resultados concretos en cuanto a qué contrataciones se detienen, por cuánto tiempo, con qué argumentos y qué consecuencias tiene esa demora”.
También en materia política Bardales fija postura “El voto (en los Cabildos) contra la reforma, por sí mismo, no demuestra irregularidades; los condicionamientos indebidos deben documentarse e investigarse”.
Concluye el comunicado de prensa: “La postura del funcionario (Álvaro Bardales) es clara: que el Cabildo vigile, que la administración ejecute y que todos rindan cuentas. El presupuesto pertenece al pueblo; ninguna autoridad tiene derecho a utilizarlo para cobrar favores o ajustar cuentas políticas”.
