* El convenio que nadie registró y que pone en riesgo la soberanía hídrica de México
Por Melchisedech D Angulo
El convenio que la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua firmó en febrero de 2023 con MASHAV, la agencia israelí de cooperación internacional se presenta como un simple intercambio de conocimientos. Sin embargo, al día de hoy no consta que haya sido registrado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores ni ante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Colectivos como Salvemos los Cerros sostienen que esa omisión viola los artículos 6 y 9 de la Ley sobre la Celebración de Tratados. Con vigencia hasta 2027, el acuerdo opera sin que el gobierno federal pueda evaluar su alcance, y su opacidad impide saber si contiene cláusulas de confidencialidad, compromisos de compra de tecnología o condiciones de exclusividad.
El director de la JCAS, Mario Mata Carrasco, asegura que el pacto “no representa la privatización del agua ni una intervención extranjera”.
Afirma que no otorga derechos ni concesiones, que no hay financiamiento ni inversión extranjera y que no se contempla la ejecución de obras por parte de Israel. Según su versión, la mayoría de los cursos se imparten por medios digitales y “es únicamente conocimiento lo que buscamos”.
Pero el debate de fondo es otro: en materia hídrica, la cooperación técnica suele crear dependencia, porque los sistemas de monitoreo, las plataformas de gestión y los equipos de tratamiento requieren licencias, actualizaciones y soporte continuo del proveedor original.
El modelo israelí, que se vende como ejemplo de eficiencia, tiene un lado menos publicitado. En 2006 la Comisión Israelí del Agua se transformó en la Autoridad Israelí del Agua con el objetivo explícito de atraer inversión privada, y desde entonces predominan los contratos de construcción, operación y transferencia a 25 años para las plantas desalinizadoras. Bajo ese esquema, como documenta un análisis crítico, el Estado pasa de proveedor a cliente, pues se compromete a comprar una cantidad determinada de agua durante toda la concesión.
Dos de esas plantas, Sorek y Palmachim, fueron objeto de un escándalo por falsificar informes para ocultar niveles de cloruro superiores a los contratados, ejemplo de lo que ocurre cuando el Estado cede la operación y también su capacidad de vigilancia.
México conoce bien esa historia, aunque en versión nacional. En Puebla, una reforma de diciembre de 2012 permitió al gobierno de Rafael Moreno Valle entregar el manejo del agua a empresas privadas, y cinco de los 25 sistemas operadores iniciaron procesos de privatización. Más de una década después, la población enfrenta aumentos descontrolados en las tarifas, interrupciones prolongadas del servicio y un déficit de rendición de cuentas. Algo similar se discute hoy en Jalisco con el acueducto Chapala-Guadalajara, de 11,922 millones de pesos, cuyo esquema de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación es cuestionado por la presidenta Claudia Sheinbaum como una forma de privatización del servicio.
El gobierno estatal responde que no la hay porque los títulos de concesión siguen siendo públicos, pero comprometer pagos multianuales del erario a una operación privada de largo plazo equivale a una privatización de facto.
El marco constitucional es claro: el artículo 27 establece que las aguas del territorio nacional son propiedad de la Nación, y el artículo 4° reconoce el derecho humano al agua. México votó a favor de la Resolución 64/292 de la ONU, que en 2010 reconoció el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial. Ese marco no prohíbe la participación privada, pero la condiciona a regulación estricta y rendición de cuentas. Por eso la confusión entre privatizar el recurso, concesionar el servicio y transferir tecnología resulta tan conveniente: oscurece los acuerdos que se firman sin supervisión y deja sin respuesta la pregunta de quién controla, en última instancia, el agua de los mexicanos.
@_Melchisedech
