* La mafia de las pipas que el nuevo gobierno ya empezó a desmantelar
Por Melchisedech D. Angulo
Puebla ocupa el quinto lugar nacional en pozos clandestinos, con al menos 20 detectados durante 2024 y más de 200 denuncias que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), investiga actualmente en cuatro regiones del estado: Mixteca, Tecamachalco, Libres-Oriental y Tehuacán.
Detrás de esa cifra hay una red que perfora pozos sin concesión, desvía agua agrícola hacia la venta comercial y, en los casos más graves, se conecta directamente a la infraestructura pública para robar el recurso que debería llegar a los hogares poblanos.
La delegada de Conagua en la entidad, Beatriz Torres Trucios, reconoció que la magnitud real del problema es difícil de dimensionar porque las perforaciones irregulares ocurren de forma constante, aprovechando la desatención histórica de los municipios.
El operativo de junio de 2026 en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, retrata con crudeza el tamaño del negocio: un despliegue conjunto de Conagua, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal permitió detener a cuatro personas que llenaban pipas de manera flagrante desde un pozo conectado ilegalmente a la red del Soapap.
Al desconectar la toma clandestina, el personal técnico midió una recuperación de 40 litros por segundo —3.5 millones de litros diarios, suficientes para abastecer a 35 mil habitantes— que hasta ese momento se comercializaban en pipas vendidas a más de 700 pesos a la población. Dos meses después, en Amozoc, un segundo operativo dejó seis detenidos y el aseguramiento de tanques y pipas con capacidad conjunta cercana a los 80 mil litros, evidencia de que la extracción ilegal es una cadena que opera con logística e infraestructura propia.
Tehuacán, la región más golpeada por la escasez hídrica del estado, es también la más castigada por este mercado negro: durante 2025 se clausuraron siete pozos irregulares, incluidos los casos documentados en San Lorenzo Teotipilco, donde particulares aprovechaban la falta de vigilancia para cargar simultáneamente hasta cuatro pipas por operación.
El director general de Conagua, Efraín Morales López, es claro al señalar que el sobreconcesionamiento y la debilidad regulatoria heredada de administraciones anteriores permitieron que floreciera lo que él mismo llama “un mercado negro del agua”, sostenido por casi 60 mil inconsistencias detectadas en concesiones a nivel nacional.
Lo que distingue al momento actual es que, por primera vez, existe una respuesta de fondo desde el Estado. En octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa para expedir la nueva Ley General de Aguas y reformar la obsoleta Ley de Aguas Nacionales de 1992, vigente desde hace más de tres décadas sin actualizarse frente a la crisis hídrica del país. La propuesta crea un capítulo específico de delitos hídricos que tipifica la explotación, extracción y traslado ilegal de agua, impone sanciones de uno a diez años de prisión para quienes incurran en el robo del recurso, y frena la compraventa irregular de títulos de concesión que hasta ahora permitía cambiar el uso agrícola por fines de lucro sin control alguno.
El contraste es evidente: mientras el negocio ilegal seguía extrayendo millones de litros diarios sin que existiera un marco penal específico para detenerlo, el Gobierno de México decidió actuar con una reforma que ataca la raíz del problema —el régimen de concesiones— y no solo sus síntomas. Conagua reiteró que fortalecerá las acciones de inspección y vigilancia, y los operativos recientes en Xochimehuacan, Amozoc y Tehuacán muestran una coordinación interinstitucional que antes no se veía con esta frecuencia ni con estos resultados: detenciones en flagrancia, aseguramiento de infraestructura y restitución del agua a la red pública.
@_Melchisedech
