Fernando de Jesús
El “voto familiar” es un tema que ha cobrado notoriedad recientemente en Estados Unidos. Dicha propuesta es impulsada por sectores ultraconservadores de ese país y busca sustituir el voto individual por un solo voto por núcleo familiar. En nuestro país ha tomado fuerza esta idea a través del militante panista Javier Albarrán, quien en sus redes sociales comparte las supuestas ventajas de este tipo de sufragio frente al ya establecido por la ley.
También han surgido otras ideas similares, como la de la abogada y creadora de contenido Natalia Torres, quien en el podcast Leo y Nacho Podcast expone argumentos sobre por qué “no todos deberían votar”, donde sostiene que para acceder a este derecho deberían existir ciertos requisitos para que su ejercicio sea realmente efectivo.
El voto es una práctica que ha evolucionado en nuestro país y que se ha adaptado a las normas culturales y sociales con el paso del tiempo. Si bien no es perfecto, entre movimientos armados y reformas electorales es el resultado de años de lucha de distintos grupos sociales para que todos puedan gozar de este derecho.
Ideas como la de Natalia Torres nos regresan a los primeros años de la República mexicana, cuyas elecciones solo contemplaban a ciertos sectores y restringían el voto a la población carente de propiedades, educación o recursos económicos. La mayoría de la población no pertenecía a este grupo debido a los altos índices de analfabetismo y pobreza; es decir, solo unos cuantos tenían acceso a este derecho. No fue sino hasta 1917 cuando entró en vigor el sufragio universal masculino sin restricciones económicas o educativas.
Y aunque Javier Albarrán no mencione directamente que con su propuesta sea el hombre quien deba votar, utiliza expresiones como “pensando en su esposa” o “que no piense solo en él”, haciendo referencia a que éste será el que ejerza del voto.
Las primeras elecciones en las que participaron mujeres se realizaron durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto en el estado de Yucatán. En 1922 reconoció su derecho a votar y ser votadas en elecciones estatales y municipales, y en los comicios del año siguiente resultaron electas las primeras diputadas locales: Raquel Dzib, Beatriz Peniche y Elvia Carrillo Puerto.
Lamentablemente, debido a la inestabilidad política que aún prevalecía tras la Revolución mexicana, Felipe Carrillo Puerto fue asesinado y las reformas que impulsó fueron revertidas. Las mujeres perdieron nuevamente ese derecho en Yucatán y las diputadas fueron separadas de sus cargos. Sin embargo, San Luis Potosí y Chiapas legalizaron el voto femenino antes de que fuera reconocido a nivel constitucional en todo el país en 1953.
Pensar el voto familiar como una opción no solo es deshonrar la memoria de todas las personas que lucharon por el ejercicio libre e individual del sufragio, como Felipe Carrillo Puerto, sino también atentar contra la memoria de quienes durante décadas no pudieron ejercerlo de manera libre. Las decisiones electorales son un deber personal, autónomo, único y libre; por ende, no deben estar sujetas a la opinión, conveniencia, relación o involucramiento colectivo, ni siquiera cuando se trate de la propia familia.
