Por Melchisedech D. Angulo
En una acción sin precedentes que profundiza la transformación de la vida pública de la nación, se publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la convocatoria para la Consulta Nacional sobre la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Este histórico proceso busca saldar una deuda social de siglos y construir, por primera vez en la historia de nuestro país, una legislación de alcance nacional nacida directamente desde las bases comunitarias. Con esta iniciativa, el gobierno federal cumple firmemente con el mandato de la reforma constitucional de 2024, consolidando un nuevo modelo de Estado que prioriza a los históricamente olvidados y reconoce el derecho legítimo de las comunidades a decidir sobre su propio destino.
La trascendencia de este ejercicio democrático radica en su inmensa magnitud y en la voluntad política de visibilizar la grandeza multicultural de nuestra patria. La consulta está diseñada para escuchar de manera directa a 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano, involucrando a más de 16 mil comunidades a lo largo y ancho del territorio nacional.
Este esfuerzo coordinado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), impactará de forma positiva en los 23.2 millones de personas que se autoidentifican como indígenas y en los 2.5 millones de afrodescendientes que habitan en México, reafirmando nuestro liderazgo moral en el continente americano al garantizar que la voz del México profundo guíe la consolidación de sus propios derechos públicos.
El sustento jurídico de esta gran jornada nacional se cimenta en los principios más avanzados del derecho social, tanto a nivel interno como internacional, alineándose formalmente con la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas en la materia.
Para blindar la transparencia y legitimidad del proceso, el INPI trabaja de la mano con la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integrando de manera inédita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una instancia observadora. Este sólido andamiaje institucional garantiza que el diseño de las leyes ya no ocurra detrás de un escritorio, sino mediante un diálogo abierto y respetuoso entre las dependencias del Gobierno y los representantes legítimos de los pueblos originarios.
La ruta hacia esta legislación vanguardista ya cuenta con un calendario transparente y riguroso que prioriza el respeto a los tiempos de las comunidades y a sus propios sistemas normativos internos. Tras la publicación oficial, el gobierno desplegará una intensa Etapa Informativa del 1 de julio al 2 de agosto para difundir los contenidos de la propuesta, dando paso del 7 de agosto al 13 de septiembre a la deliberación comunitaria mediante 82 asambleas regionales. Posterior al análisis e integración de las propuestas recibidas, se tiene proyectado que el 12 de octubre, en el marco del Día de la Nación Pluricultural y de la Resistencia Indígena, se entregue formalmente esta iniciativa ante el Congreso de la Unión, marcando un acontecimiento en el calendario cívico de la transformación.
Los alcances de la futura legislación prometen desmontar las estructuras de marginación heredadas, dotando a las comunidades de herramientas reales para su emancipación y desarrollo integral. La propuesta legal, estructurada de manera impecable en ocho libros temáticos, busca blindar constitucionalmente la libre determinación, la personalidad jurídica colectiva, la protección integral de las lenguas maternas y los caminos artesanales construidos por las propias comunidades.
Como bien destacó el titular del INPI, Adelfo Regino Montes, esta propuesta representa una oportunidad histórica invaluable para sepultar los agravios del pasado y tutelar los derechos colectivos a través de herramientas jurídicas innovadoras como el juicio de amparo indígena y afromexicano.
@_Melchisedech
