Por Melchisedech D. Angulo
El Gobierno de México pone sobre la mesa una verdad incómoda que la diplomacia tradicional intentó maquillar durante décadas: el baño de sangre que sufre nuestro país está directamente patrocinado por la negligencia de Estados Unidos.
La narrativa oficial de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum es contundente al señalar que el narcotráfico y la violencia homicida no son problemas exclusivamente mexicanos, sino las dos caras de un mismo circuito financiero y criminal transnacional. Mientras las calles estadounidenses se inundan de drogas sintéticas, sus armerías legalizadas devuelven a territorio nacional un arsenal de guerra que debilita nuestras instituciones y empodera a las mafias.
Las cifras oficiales respaldan esta postura con una contundencia demoledora. De acuerdo con los informes más recientes de la Secretaría de la Defensa Nacional, bajo el liderazgo del general Ricardo Trevilla Trejo, las fuerzas federales lograron el histórico aseguramiento de 18 mil armas cortas y largas en lo que va del sexenio.
El dato alarmante es que el 78% de este armamento proviene de los Estados Unidos, destacando piezas de uso militar exclusivo como 215 fusiles Barrett calibre .50 y decenas de lanzacohetes. Este flujo ilegal no es casual; responde a un diseño corporativo en el que empresas estadounidenses fabrican y distribuyen armas sabiendo perfectamente que su destino final son las organizaciones criminales en México.
La geografía del contrabando demuestra que los estados norteamericanos con leyes de control más laxas son los principales proveedores de la muerte en nuestro país. Texas encabeza la lista al ser el origen del 43% de las armas traficadas, seguido por Arizona con el 22% y California con el 9%.
A través de 11 rutas identificadas por la Sedena y la Fiscalía General de la República, estos arsenales ingresan a la frontera para nutrir la violencia en estados prioritarios para la estrategia de seguridad nacional, como Sinaloa, Jalisco y Guanajuato. Como señaló el exfiscal general, Alejandro Gertz Manero, la verdadera fuerza de los cárteles no radica en su arraigo social, sino en la letal capacidad de fuego que adquieren en el mercado estadounidense.
En contraparte, el esfuerzo del Estado mexicano por frenar el suministro de sustancias ilícitas hacia el norte alcanza niveles sin precedentes. El Gabinete de Seguridad reportó el decomiso de 144 toneladas de droga y el desmantelamiento de más de 839 laboratorios clandestinos de metanfetaminas.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, enfatizó que estos golpes representan pérdidas de cientos de millones de pesos para los cárteles, recursos que ya no podrán ser utilizados para corromper autoridades o reclutar jóvenes de manera forzada. Además, gracias a la coordinación de la Marina y el Ejército, el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos registró una histórica reducción del 76% según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
A pesar de este notable esfuerzo soberano, el debate político binacional sigue marcado por la resistencia de Washington a asumir su responsabilidad compartida. Mientras la Casa Blanca presiona mediáticamente exigiendo mayor dureza contra el fentanilo —que causó más de 80 mil muertes por sobredosis en su territorio—, sus instituciones hacen la vista gorda ante las demandas judiciales que México interpuso contra los fabricantes de armas.
La demanda del Gobierno de México estipula que estas corporaciones privadas introducen ilegalmente más de 340 mil armas anuales a nuestro país, lo que demuestra que el capitalismo armamentista estadounidense es el verdadero motor de la delincuencia organizada.
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