Tula de Allende.- La Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo informó que, fueron treinta y tres personas detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público, tras la actuación ministerial por parte de la fiscalía general de Justicia del Estado de México (FGJEM), en la planta cementera de la Cooperativa La Cruz Azul, la madrugada de este jueves.
De acuerdo con la información oficial, las acciones ministeriales se llevaron a cabo en cumplimiento de una orden emitida por un juez de control del Estado de México, para la restitución del inmueble.
Los detenidos son: Carlos Daniel Albedaño, Juan Alberto Aguilar Camargo, Alejandro Cruz Magos, Adrián López Peña, Eduardo Morales Pozo, Guillermo Godoy Lugo, Bernardo Jiménez Corona, Cesar Rodríguez Cano.
Juan José Godoy Lugo, José María Soberanes González, Héctor Hernández Zuñiga, Juan Alberto Aguilar Maceyra, Emilio Rodríguez Puebla, Carlos Antonio Lugo Jiménez, Miguel Ángel Morales Luna.
Isaías Hilario González Lugo, Hilario González Luna, Luis Soberanes Esquivel, Guillermo Acevedo Avendaño, Luis René Soberanes González, Irving Josué Ayala Sánchez, Emeterio García Falcón, José Domingo Hernández Vázquez.
Carlos Daniel Avendaño Avendaño, Oscar Rodríguez Almaraz, Guadalupe de la luz Trejo Barrera, Sergio Trejo Martínez, Cruz Martínez Reséndiz, Juan Luis Jiménez Larios, Fernando Bravo García y Emmanuel Acevedo Avendaño.
Cabe mencionar que, de estas personas, 31 son investigadas por hechos que la ley sanciona como desobediencia y resistencia de particulares; y dos más por portación de armas (al encontrarles en posesión de dos armas de fuego calibre 38).
Todos los detenidos fueron subidos de manera oportuna al Registro Nacional de Detenciones, cuya consulta es pública y abierta.

El operativo inició a las 04:00 horas, cuando arribaron a los alrededores de la planta diversas camionetas blancas sin logotipos, de las cuales descendieron personas armadas que ingresaron a las instalaciones de la Cooperativa, y durante esta acción se escucharon múltiples disparos.
La ejecución fue ordenada por un juez derivado de una carpeta de investigación iniciada por el grupo de Víctor Velázquez. Por ello, las acciones ministeriales están a cargo de la FGJEM.
Se confirmó la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), apoyaron con la seguridad perimetral, junto con policías municipales de Tula, Atotonilco de Tula, Tlaxcoapan y Atitalaquia.


