Sheinbaum Confirma a Empresarios de EE. UU. en Red de Huachicol Fiscal y Revela Colaboración con el DOJ
Por Melchisedech D. Angulo Torres/ Politólogo
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha escalado la batalla contra el crimen organizado, poniendo el foco en el sofisticado delito del “huachicol fiscal”, una modalidad de contrabando de combustible que desfalca al erario y que, por primera vez, implica directamente a actores extranjeros de alto nivel.
En una revelación sin precedentes, Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR), investiga a empresarios estadounidenses como parte integral de las redes que introducen ilegalmente hidrocarburos a México, evadiendo miles de millones en impuestos, aranceles y regulaciones aduaneras.
La mandataria no solo elevó el perfil de los investigados, sino que también anunció la colaboración activa del gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Justicia (DOJ), que mantiene investigaciones paralelas sobre el tema, confirmando la dimensión transnacional de este golpe a la hacienda pública.
La presidenta detalló que las carpetas de investigación de la FGR ya contienen nombres de empresarios del país vecino, cuestionando la lógica del contrabando inverso: “no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal… que no tuviera alguien del otro lado”.
Este señalamiento subraya la tesis de que el flujo de combustible ilegal es un negocio binacional que requiere de la complicidad corporativa más allá de las fronteras mexicanas. Aunque Sheinbaum no proporcionó los nombres específicos de los implicados ni las empresas que representan, sí enfatizó el avance procesal: algunas de las carpetas de investigación ya están ante jueces, solicitando las correspondientes órdenes de aprehensión, en lo que representa una ofensiva judicial en marcha.
El “huachicol fiscal” se ha convertido en una línea de negocio clave para el crimen organizado, operando mediante complejas estrategias que incluyen el uso de documentación falsificada, la declaración de la mercancía como otro producto para evadir aranceles y la corrupción sistemática en las aduanas mexicanas. Reportes de medios internacionales, que han mencionado a la empresa Ikon Midstream en relación con el transporte de combustible para grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ejemplifican la alianza perversa entre compañías aparentemente legítimas y el crimen organizado.
Esta diversificación de los cárteles hacia el tráfico de hidrocarburos consolida su poder económico y complica la estrategia de seguridad nacional.
La confirmación de la cooperación con el DOJ es una jugada diplomática con profundas implicaciones. Refuerza el mensaje de que la administración Sheinbaum es un socio proactivo y comprometido con la ley en el ámbito internacional, al tiempo que presiona a Washington para que actúe contra sus propios ciudadanos y corporaciones que facilitan la delincuencia en México. Esta ofensiva va más allá de los operativos policiales en los ductos, apuntando a los grandes beneficiarios y la cadena de suministro internacional, recuperando ingresos fiscales vitales para el Estado que son desviados por la corrupción y el delito.
Este anuncio envía un mensaje político doméstico contundente: la estrategia de seguridad no se limitará a la delincuencia menor, sino que atacará a las redes financieras y corporativas que sustentan el poder de los cárteles. Al apuntar a empresarios y a la cadena de suministro internacional, el gobierno busca demostrar que está atajando la raíz del problema. La presidenta aseguró que estas medidas, junto con la vigilancia reforzada y las operaciones aduaneras, ya han logrado una reducción “importante” en esta modalidad delictiva.
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